martes 27 de enero del 2026.- La minería chilena enfrenta un momento decisivo este 2026. Como principal productor mundial de cobre, Chile cerró 2025 con exportaciones récord que superaron los US$107 mil millones, de las cuales US$55.188 millones correspondieron al cobre, consolidando a este sector como el principal motor de la economía nacional y un pilar de la balanza comercial del país. En ese contexto, el desafío ya no es solo mantener el liderazgo productivo, sino asegurar que esta actividad estratégica se traduzca en desarrollo sostenible, estabilidad social y beneficios concretos para los territorios donde opera.

Para Mario Saavedra, director de la Cámara Chilena-Sudafricana, el foco del debate debe ir más allá de las cifras. “El verdadero éxito de la minería no se medirá en toneladas exportadas, sino en su capacidad de convertirse en un motor de cohesión social y progreso para Chile”, plantea. Con esta premisa, identifica cinco medidas urgentes que definirán el rumbo del sector en 2026:

1. Garantizar certeza regulatoria y continuidad de la inversión

Para un país donde la minería es una actividad estructural, la principal urgencia es contar con reglas claras, procesos eficientes y plazos previsibles para el desarrollo de proyectos. La complejidad de los permisos ambientales y sectoriales se ha convertido en un factor crítico para la competitividad del cobre chileno frente a otros productores.

Este 2026, avanzar en una modernización del sistema de permisos, sin debilitar los estándares ambientales ni sociales, será clave para destrabar inversiones, sostener la producción y asegurar la continuidad operacional de la industria.

2. Fortalecer la seguridad y el control en zonas mineras

Si bien Chile no enfrenta una minería ilegal masiva, sí existen operaciones informales, robo de minerales y problemas de seguridad en zonas productivas, especialmente en el norte del país. Estas situaciones generan impactos económicos, riesgos laborales y deterioro de la confianza en la actividad.

Una estrategia coordinada entre Estado, empresas y fuerzas de seguridad resulta fundamental para proteger la operación minera y resguardar la convivencia con las comunidades locales.

3. Consolidar la licencia social como eje permanente del desarrollo minero

Las regiones de Antofagasta, Tarapacá y Atacama concentran el núcleo de la minería del cobre en Chile, pero también enfrentan crecientes demandas por mayor participación, transparencia y beneficios locales. La licencia social dejó de ser un concepto accesorio y se transformó en una condición crítica para la viabilidad de los proyectos.

El diálogo temprano, la gestión responsable de los impactos y beneficios tangibles en empleo, infraestructura, formación técnica y servicios públicos son elementos centrales para reducir la conflictividad y fortalecer la relación entre minería, Estado y comunidades.

4. Usar la renta minera para fortalecer el desarrollo regional

Para que la minería tenga un impacto duradero, parte de su renta debe transformarse en inversión de largo plazo en los territorios. Impulsar proveedores locales, innovación tecnológica, capital humano y encadenamientos productivos permitirá construir economías regionales más sólidas y resilientes, más allá de los ciclos del cobre.

5. Preparar al talento como semillero de líderes para la minería del futuro

La minería chilena avanza aceleradamente hacia la automatización, digitalización, operación remota e incorporación de inteligencia artificial. Este proceso exige nuevos perfiles profesionales y liderazgos capaces de gestionar entornos cada vez más complejos.

El norte de Chile tiene la oportunidad de consolidarse como un polo de formación de talento minero avanzado, articulando a empresas, universidades, centros técnicos y gobiernos regionales para responder a los desafíos de la minería del siglo XXI.