miércoles 20 de noviembre del 2019.- La Ley de Eficiencia Energética surgió a raíz de la publicación, en mayo de 2014, de la Agenda de Energía para Chile, cuyos objetivos establecían, entre otros, atender a la necesidad de una política energética nacional. Actualmente, esta política, desarrollada a partir de un inédito proceso de participación de ciudadanos, empresarios, empresarios, académicos y sector público, se sustenta en 4 pilares: Seguridad y Calidad de Suministro, Energía como Motor de Desarrollo, Compatibilidad con el Medio Ambiente, y Eficiencia y Educación Energética.

Tomando los pilares de Medio Ambiente y Eficiencia Energética, se hizo necesario entonces contar con mecanismos para asegurar y fomentar el buen uso de la energía en los sectores productivo, público y privado. De esta forma, se inició el camino legislativo de la Ley de Eficiencia Energética, proceso en el cual me tocó participar junto a otros actores del sector en la etapa inicial de propuestas técnicas y cuyo proyecto de ley se aprobó el pasado 22 de octubre en primer trámite legislativo.

Este proyecto de ley establece la obligación de contar con un Plan Nacional de Eficiencia Energética que asigna a las empresas una serie de obligaciones que, en el corto o mediano plazo, se traducirá en ahorros por concepto del uso eficiente de la energía y, en los casos en que la fuente de energía primaria aún sean combustibles fósiles, en una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Qué tanto impacta esta ley a las empresas mineras? Las grandes mineras son uno de los sectores con mayores obligaciones pero también con mayores beneficios, si usan correctamente los instrumentos a los que están obligados a adherirse. ¿Cómo es esto? La ley establece que las empresas mineras que estén dentro de la categoría de grandes consumidores de energía (sobre 100 tera-calorías o al menos una faena que consume más de 50 tera-calorías anuales) deberán no solo reportar sus consumos anualmente, sino también implementar un Sistema de Gestión de la Energía, es decir, tener al menos una política interna, planes, encargados de gestión de la energía, control operacional y medición y verificación. Tales sistemas podrán ser internos o bien certificados bajo alguna norma de gestión de la energía, como por ejemplo la NCh-ISO50.001.

En un comienzo esto podría parecer una tremenda carga administrativa, sin embargo, las experiencias internacionales demuestran que las empresas que han implementado exitosamente un sistema de gestión de la energía y lo mantienen operativo, logran ahorros de al menos un 8% del consumo energético total en el corto plazo, llegando, en algunos casos al 25%. Además, todos los costos asociados a la implementación se amortizan dentro del año inmediatamente posterior.

Por donde se mire, la ley de eficiencia energética nos beneficiará a todos: de manera directa, las empresas mineras reducirán sus costos de operación, se harán más competitivas, emitirán menos gases de efecto invernadero por menor demanda de combustibles fósiles y las energías renovables tendrán mejores posibilidades para integrarse a la matriz energética. Y de forma indirecta los beneficios se reflejarán también en el ecosistema de innovación, ya que las iniciativas de desarrollo tecnológico que buscan disminuir el consumo de energía encontrarán una mejor recepción por parte de las empresas.

Con los últimos acontecimientos del país desconocemos cuánto tiempo pasará antes de que esta ley sea promulgada, pero se trata de una medida irreversible y mi consejo es que las empresas mineras deberían comenzar ya a preparase. Si estamos hablando de beneficios para todos, ¿por qué esperar a que la ley lo exija, en lugar de comenzar desde ahora?