La legislación es ambiental permisiva, laxa y está mal diseñada, lo que es un caldo de cultivo para los conflictos socio ambientales

En Chile está cada vez más difícil hacer minería. Primero, porque los costos laborales sumados a los operacionales se han ido igualado a los de países mineros más desarrollados. Y luego, porque la sostenibilidad del negocio no está garantizada, producto de los conflictos socio ambientales y alta judicialización de proyectos, demostrando un débil escenario institucional.

Es recurrente y común escuchar con propiedad hablar de Chile como país minero, pero no tenemos multinacionales mineras exportando tecnología, ni servicios transnacionales clavando el pabellón en rajos o piques extranjeros. Exportamos mineral, no minería. Al celebrar la primera piedra de un proyecto, voces disidentes, opositoras y  detractores emergen abogando por el derecho a vivir en un entorno limpio, sano y puro. No hay acuerdos ni legislación vinculante, tampoco hay confianza en las normas ambientales ni en la fiscalización.

Nuestra base productiva es primaria y el desarrollo tecnológico de la minería está retrasado en comparación a lo que otras industrias han hecho. La transformación digital reacciona en la minería chilena, así como el cuidado del medio ambiente es causa de efecto, sin proactividad en salvaguardar el patrimonio ambiental.

Hay iniciativas destacables en la industria nacional, pero son casos excepcionales y se tienen que entender como parte de un proceso de ajuste y adaptación a conflictos sociales, esperablemente resueltos. Mi argumento es simple. La legislación es ambiental permisiva, laxa y está mal diseñada, lo que es un caldo de cultivo para los conflictos socio ambientales. Por ejemplo, la norma de calidad del aire sobre material particulado MP10, en Chile define límites máximos permitidos de 150 y 50 microgramos por m3 en promedio sobre 24 hrs. y media anual respectivamente. Si consideramos las directrices de la Organización Mundial de la Salud, señala un límite de concentración de 50 y 20 microgramos por m3 en los mismos rangos. Esto es tres veces más contaminante en su promedio día. Adicionalmente, la norma chilena de calidad del aire opera sobre niveles de saturación, sin indicar puntos de exposición desde el origen de generación. Este criterio facilita la existencia de zonas de sacrificio, que no hacen más que, tensionar la relación comunitaria.

El desafío de la nueva minería es fundar valor a través del aporte de las comunidades, de manera vinculante, con un modelo integral, donde los también los proveedores de servicios sean considerados un eslabón de la cadena de valor en largo plazo. Donde la comunidad sea parte del desarrollo del proyecto y no se piense en gastos de subcontratación, sino en inversión con colaboradores que permitan ganar productividad y sustentar el negocio en el tiempo. Ponderar las externalidades positivas que un servicio aporta es piedra angular para una relación de largo plazo. Hablar de crecimiento económico sin desarrollo para las comunidades sería crear falsas expectativas de sostenibilidad. La licencia social es necesaria, pero no suficiente para garantizar el bienestar y buen desarrollo de la minería.