En la Roma republicana, el orden político fue ante todo un sistema económico capaz de sostenerlo. La minería desempeñó un rol estructural: oro y plata fueron pilares del sistema monetario; cobre, estaño e hierro hicieron posible infraestructura, armamento y expansión territorial. Roma dominó la ingeniería extractiva de su época con una logística estatal orientada a asegurar metales estratégicos. Esa misma base material, sin embargo, cuando se desacopló de la gobernanza inclusiva, incubó las tensiones que erosionaron la república y abrieron paso al imperio. La lección es clara: la prosperidad material es condición de estabilidad política, pero solo perdura cuando está subordinada a reglas, instituciones y límites.

Chile construyó su trayectoria republicana sobre esa misma tensión entre recursos naturales e institucionalidad. El salitre financió la infraestructura estatal temprana; el cobre consolidó una economía abierta y una tradición de política minera estable; hoy el litio vuelve a situar al país en el centro de una transformación global. No es casual que Chile haya sido percibido como una anomalía institucional positiva en América Latina: reglas predecibles, derecho de propiedad claro y capacidad de diálogo entre Estado, empresa y sociedad.

La minería chilena ha sido un vector de organización republicana. El Código de Minería, el sistema ambiental, la coexistencia de Codelco con capital privado y la apertura a inversión extranjera; configuraron un ecosistema que permitió transformar recursos geológicos en capacidades productivas, empleo, conocimiento e inserción internacional.

Es aquí donde cobra sentido la idea de Pax ex prosperitas. La paz social no se decreta; emerge cuando existe una base material suficiente, distribuida bajo reglas claras y orientada a un proyecto común. La transición energética global vuelve a situar a Chile ante una decisión estructural: capturar valor o diluirlo, ordenar el desarrollo o fragmentarlo.

Tecnologías como la extracción directa de litio, la digitalización geológica y la integración entre minería, energía y conocimiento, no son consignas ideológicas sino instrumentos para sostener competitividad, legitimidad ambiental y licencia social. Solo funcionan, sin embargo, si se insertan en un marco institucional predecible y socialmente legítimo.

Este marco podría materializarse en hubs minero-energéticos donde confluyan desalinización eficiente, coordinación de infraestructura portuaria, convergencia entre minería tradicional y centros de datos, revalorización de relaves y minería urbana —el reciclaje de baterías de litio y otros dispositivos—. La economía circular no como eslogan sino como infraestructura. La arquitectura institucional requiere instrumentos específicos: una zona franca orientada a innovación energética, tecnológica y minera, con compromisos vinculantes de capacitación local y reinversión de utilidades en infraestructura crítica. No privilegios fiscales vacíos sino un laboratorio institucional donde capital, tecnología y conocimiento operen bajo reglas diseñadas para convertir renta en capacidades duraderas.

El gesto republicano de una transición institucional sobria —simbolizado en los encuentros entre autoridades salientes y entrantes— importa más de lo que suele reconocerse. Es la confirmación de que el poder es transitorio y el Estado permanente. En un mundo polarizado, esa continuidad institucional es un activo estratégico tan relevante como cualquier yacimiento.

Chile no administra únicamente cobre y litio. Administra una combinación singular de ventajas: uno de los mayores capitales astronómicos del planeta, liderazgo en energías renovables, biodiversidad excepcional y posición geográfica clave en el Pacífico Sur. La verdadera discusión republicana no es explotar o no estos activos, sino cómo integrarlos en una visión de desarrollo que convierta recursos en conocimiento, renta en capacidades, crecimiento en cohesión.

Cuando la república logra ese equilibrio, la prosperidad deja de ser un fin en sí mismo y se transforma en fundamento de paz. No una paz retórica sino estructural, sostenida por instituciones, por trabajo productivo y por una comprensión madura de los límites y oportunidades del poder.

Las elecciones pueden cambiar gobiernos; solo las repúblicas duraderas convierten esos cambios en continuidad institucional. El desafío chileno no es celebrar quién ganó, sino demostrar que la república perdura más allá de quienes la conducen. Porque al final, la verdadera Pax ex prosperitas no se construye desde el poder sino desde las instituciones que lo limitan, lo orientan y lo ponen al servicio de un proyecto que trasciende a cualquier mandato.