El sistema eléctrico nacional -y la regulación que lo rige- ha ido evolucionando en el tiempo buscando siempre entregar energía segura, confiable y económica. Así, a comienzos del siglo XX existían diversos sistemas eléctricos independientes cuyo objetivo era alimentar con energía a los principales centros urbanos del país y sus actividades industriales y comerciales.

A medida que el país se fue desarrollando, la infraestructura eléctrica fue interconectando los distintos sistemas con el propósito de disminuir la probabilidad de pérdida de suministro y fomentar el desarrollo de un mercado eléctrico cada vez más competitivo, capaz de ofrecer energía más económica a los clientes finales.

El último hito de interconexión se dio en noviembre de 2017, cuando entró en operación la línea que unió el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Sistema Interconectado Central (SIC), aumentando enormemente las posibilidades del operador del sistema eléctrico de gestionar las centrales de generación desplegadas a lo largo del país.

Tener un sistema interconectado tiene múltiples beneficios, pero también algunos costos como, por ejemplo, la construcción de líneas de transmisión de capacidades adecuadas para mover grandes flujos de energía a lo largo del territorio. En este sentido, el siguiente paso es avanzar en la generación distribuida, es decir, instalaciones de tamaño medio o pequeño que se conectan muy próximos a centros de consumo de energía.

La modularidad de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) ha logrado que la generación distribuida tenga hoy más beneficios que hace algunos años atrás. Si bien este tipo de centrales tiene menores economías de escala que las plantas de gran tamaño, al estar próximas a sus clientes obtiene menores pérdidas por transmisión, además de ser un aporte en desplazar generación térmica más cara, disminuir así emisiones y retrasar la ampliación de la infraestructura de transmisión.

Los Pequeños Medios de Generación (PMG) y Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) corresponde a las instalaciones de generación cuyos excedentes de potencia son iguales o inferiores a 9MW. Centrales con capacidad suficiente para abastecer una gran cantidad de consumos, tanto residenciales como industriales y comerciales.

Actualmente, hay más de 800 MW de potencia instalada en generación distribuida, de los cuales más del 50% corresponde a instalaciones fotovoltaicas y el 25% a centrales mini-hidráulicas. Así, la generación distribuida mediante fuentes ERNC ha ido ganando un espacio en el sector eléctrico nacional, aunque por el momento sólo represente el 3,2% de la potencia instalada y un 1,6% de la energía producida.

Con el propósito de que nuestro sistema eléctrico sea capaz de capturar y maximizar los beneficios de la generación distribuida, es necesario avanzar en el desarrollo de políticas públicas que ayuden a este segmento a desarrollar su máximo potencial, sobre todo considerando que existen una serie de barreras de mercado que no las dejan competir en igualdad de condiciones con la generación de gran escala.

Justamente, un mecanismo que ha disminuido barreras es el precio estabilizado, el cual le ha entregado una opción a los PMGDs para satisfacer la exigencia de contar con un contrato de suministro (PPA) al momento de solicitar financiamiento en un banco. Actualmente, el gobierno, a través del Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía (CNE), manifestó su interés en modificar la normativa que regula a los PMGDs, la cual le quitaría -innecesariamente- este respaldo frente a los financistas.

Modificar el precio estabilizado sería la señal contraria a la búsqueda del máximo desarrollo del potencial de esta moderna tecnología de la industria energética. Sería la creación de una nueva barrera a la inversión baja en emisiones.