viernes 15 de marzo del 2024.- Fortalecer la fiscalización y sanción ambiental, además de avanzar en un modelo que permita agilizar la toma de decisiones, fijar reglas claras para todos los interesados y dar respuestas más eficientes y oportunas frente a incumplimientos ambientales. Esos son los objetivos del proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA) que fue presentado por el Ministerio del Medio Ambiente y que ya inició su discusión legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La iniciativa se basa en ocho modificaciones que buscan robustecer el marco institucional de la SMA, con el objetivo de dar un mayor y mejor cumplimiento a la normativa ambiental.

Así, entre otras materias, el proyecto propone una mejora en la gestión de las denuncias, estableciendo plazos más acotados para informar sobre la admisibilidad (10 días como máximo) y la entrega de resultados (90 días como máximo). Junto con esto, se contempla la posibilidad de que el denunciante mantenga la reserva de identidad durante la etapa de investigación y que, en los casos de ruidos molestos -de establecimientos que no cuenten con RCA- sean las municipalidades quienes estén a cargo de la fiscalización y los Juzgados de Policía Local de las sanciones.

Por otra parte, se propone la creación de un procedimiento sancionatorio simplificado para las infracciones que sean clasificadas como leves; se introducen vías alternativas de cumplimiento para los casos en que no exista afectación al medioambiente o salud de las personas -ni riesgo significativo de afectarlos- y se trate de desviaciones normativas de menor entidad (la SMA podrá aplicar mecanismos como cartas de advertencia y planes de corrección, entre otros); y se amplía la potestad cautelar de la SMA para dictar medidas en casos de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y cuando una actividad industrial genere riesgo grave e inminente al medioambiente o la salud de las personas.

Adicionalmente, el texto -que fue presentado por la ministra Maisa Rojas y por la Superintendenta Marie Claude Plumer- fortalece la fiscalización ambiental a través del otorgamiento de la calidad de ministros de fe a los fiscalizadores de otros servicios públicos, cuya ley orgánica no lo confiera. En esta misma línea, la iniciativa contempla la facultad -previa autorización del Tribunal Ambiental respectivo- de incautar toda clase de objetos y documentos físicos o digitales, cuando estos sean esenciales para el éxito de la investigación.

Otro punto clave es que se aumenta el catálogo de infracciones, mejora la clasificación de las gravedades en una infracción y aumenta el tope de multas. De esta forma, se propone aumentar el monto para las infracciones leves de 1.000 a 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), las graves de 5.000 a 10.000 UTA, y las gravísimas de 10.000 a 20.000 UTA.

La ministra Maisa Rojas señaló que “fortalecer la institucionalidad ambiental es clave para nuestro gobierno. Por eso presentamos una reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente que permitirá cuidar a las personas y el medioambiente, entregando certezas a todos los actores. Busca dar mejores herramientas que permitan a la SMA actuar de manera más eficiente y eficaz, mejorando la fiscalización y promoviendo el cumplimiento”.

La Superintendenta Marie Claude Plumer explicó que “esta reforma propone un cambio de diseño regulatorio muy necesario para la institución, y se hace cargo de la gran demanda que hay sobre la Superintendencia y de una urgencia indiscutida. En concreto, la iniciativa del Ejecutivo es un avance significativo en la mejora del modelo de fiscalización y cumplimiento ambiental actual, con un enfoque de riesgo ambiental y de proporcionalidad, que asegurará una mayor eficacia y eficiencia”.