En septiembre pasado, la Corte Suprema entregó su resolución, ordenándole al Tribunal Ambiental revise el fondo del caso, es decir, los antecedentes técnicos.

En resumen, ese fallo de 183 páginas tomó dos determinaciones claves. La primera es que despeja las dudas sobre la fase final del proceso de evaluación, es decir, los rechazos que en 2017 dieron el Consejo de Evaluación Regional de Coquimbo y el Comité de Ministros, que entonces presidía el exministro de Medio Ambiente del gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Mena.

Ambas actuaciones, a juicio del máximo tribunal, estuvieron dentro de la legalidad.