Previo a la votación, el grupo parlamentario conoció los alcances de la iniciativa a través del Ministerio de Obras Públicas. El principal orador fue el coordinador hídrico, Carlos Estévez. Explicó que el proyecto, ya aprobado por el Senado y la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, innova en cinco puntos principales:

– Crea una concesión marítima especial con un informe técnico vinculante de la Dirección General de Aguas.

– Impulsa una Estrategia Nacional de Desalinización.

– Promueve una servidumbre legal de desalinización.

– Define preferencias para resguardar el derecho humano al agua y saneamiento.

– Radica en la Dirección General de Aguas (DGA) la potestad de fiscalización.

Ahondando en algunos puntos, especificó que la estrategia contendrá lineamientos para orientar el desarrollo sostenible de proyectos de desalinización. Considerará criterios para determinar aquellas zonas de mayor aptitud para implementar proyectos de extracción, conducción y desalinización de agua de mar. Asimismo, consignará metas e indicadores de seguimiento.

Aclaró que también se considera la creación de una unidad en la DGA. Se encargará de la elaboración y seguimiento de la estrategia. También será la encargada de tramitar las solicitudes de concesión y destinación; y revisará fiscalizaciones y trámites de expedientes sancionatorios.

Puntos revisados por Hacienda

La Comisión de Hacienda, particularmente, revisó las normas relativas a la estrategia y el informe técnico de la DGA. Igualmente, lo referente a la fiscalización y sanciones, así como el financiamiento del proyecto.

Según se aclaró, el gasto fiscal se relaciona con la citada unidad de la DGA, por gasto en personal y bienes y servicios de consumo, entre otros ítems. El mayor costo será al tercer año, con más de $725 millones, para llegar a $342 millones, en régimen.

Tras despejar algunas dudas específicas sobre el sistema, las y los diputados aprobaron, en forma unánime, los artículos de su competencia. Además, por mayoría de votos se aprobó una indicación del diputado Juan Santana. Ella agrega una nueva consideración a los criterios que se tomarán en cuenta en la evaluación de los proyectos de concesión.

Específicamente, apunta a “considerar de manera preventiva el riesgo de impacto ambiental susceptible de ser causado con tales actividades de desalinización especialmente por concepto de descarga de salmuera, contaminación o alteración significativa, del cuerpo de agua marina, entre otros”.