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Chile

El Networking “Club de la Minería” de julio, analizó a fondo el proyecto de ley de royalty minero, hoy en discusión en el Senado.

lunes 02 de agosto del 2021.- La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), realizó el Networking “Club de la Minería” de julio.

En nombre de la organización, el director ejecutivo de Aprimin, Sergio Hernández, analizó el proyecto de royalty ad valorem de un 3% a un 75% sobre las ventas de cobre y otros minerales, aprobado por la Cámara de Diputados, hoy en trámite en el Senado. Además, el evento contó con las presentaciones de las empresas PESCO y SERCOL, las cuales expusieron su oferta de servicios para la actividad minera en el país.

En primer lugar, de acuerdo con Hernández, el concepto de royalty es muy distinto al de un impuesto. En este caso, “el royalty minero es una retribución que corresponde al Estado por la extracción de minerales que forman parte de su patrimonio, pagando los productores mineros por la apropiación del insumo básico para sus procesos industriales; hay una retribución específica”, enfatizó el director ejecutivo de Aprimin.

En ese sentido, el vigente Impuesto Específico a la Minería aunque se denomine impuesto no lo es, sino un royalty, porque en sus fundamentos compensa al Estado por la extracción de minerales, no por la organización del Estado. “Por lo tanto,  aunque se niegue por los autores del actual proyecto, existe el royalty desde hace 16 años”, indicó.

Competitividad de Chile 

Como factor de competitividad en lo tributario, en Chile la suma de todas las cargas tributarias a la minería incluye el impuesto de primera categoría, el impuesto adicional y el vigente impuesto específico. Considerando una razonable proyección de márgenes operacionales mineros promedios para 2021, la suma total de estas tasas (reconociendo como gasto tributario el impuesto específico) afecta a la minería con tasas entre un 48% (o un 39% en caso de mineras con tratados).

Así, “las actuales tasas son relativamente competitivas con la mayoría de los países mineros del mundo, estamos en un rango razonable. Chile con la actual carga tributaria no pierde competitividad y el Estado recibe compensaciones relativamente adecuadas”, sostuvo Hernández.

Posteriormente se refirió a que el vigente proyecto de ley que se discute en el Senado, posee tasas que varían desde el 3% al 75% según el precio del cobre y su equivalente en otras pastas. Serían gravadas todas las empresas que poseen una producción de 12.000 toneladas anuales de cobre fino equivalente. Lo anterior, sumado a que en el proyecto no se establece la derogación del Impuesto Específico a la Minería, la carga tributaria total sería el doble que los principales distritos mineros que nos compiten.

Por ende, la eventual pérdida de competitividad producida por la aplicación de un royalty de estas características se podría sumar a la caída de ley de mineral en territorio nacional, mayores impurezas y costos por la desalinización de agua de mar,  mayores costos laborales, entre otros, respecto a otros distritos mineros, detalló el ejecutivo.

“Con la tasa actual del proyecto, la mediana minería no es viable y tampoco muchas mineras grandes, sin perjuicio que una buena cantidad de nuevos proyectos, en marcha y en etapas preinversionales no verían la luz, perdiéndose una enorme cantidad de empleos y recursos para el Estado”, comentó el director ejecutivo de Aprimin.

Por eso, desde el organismo gremial exponen que se debe considerar la realidad geológica y los costos particulares de cada mina, por lo cual, la aplicación de un royalty sobre utilidades sería más adecuado y más justo para el Estado y las mineras que un royalty sobre ventas.

Inconstitucionalidades y fiscalización

El director ejecutivo de Aprimin expuso tres inconstitucionalidades presentes en el proyecto.

En primer lugar, porque las reformas tributarias son materia exclusiva del Presidente de la República y el proyecto en cuestión surgió como moción parlamentaria. En segundo término, la Constitución prohíbe los tributos manifiestamente desproporcionados y, en tercer lugar, la Constitución prohíbe los tributos manifiestamente injustos “y por los motivos anteriormente señalados, este tributo es desproporcionado e injusto”, señaló.

Por último, el otrora vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), hizo hincapié en la capacidad de fiscalización minera en territorio nacional, donde Cochilco hace revisión del 100% de los documentos de exportación de las empresas mineras; Aduanas tiene laboratorios para aforo físico y el Servicio de Impuestos Internos tiene convenios de fiscalización con los países de las empresas extranjeras que operan en Chile.

“Existe fiscalización en Chile, aunque siempre existan elementos por mejorar”, Por lo demás, “también están las auditorías internacionales a las grandes compañías mineras, que velan por la razonabilidad de sus resultados para proteger a sus accionistas minoritarios no controladores y, por tanto, también indirectamente al Estado de Chile”, indicó Hernández.

Para concluir, el ejecutivo comentó que “siempre será mejor para la recaudación fiscal una mayor producción minera que impuestos desproporcionados, los que finalmente bajarán el monto de lo recaudado”. Por eso el equilibrio será clave entre mantener el atractivo de inversión y una adecuada compensación para el Estado por el concepto de extracción de recursos no renovables de su territorio.

Presentaciones “Club de la Minería”

Con posterioridad, fue el turno a las presentaciones de las empresas asociadas a Aprimin, instancia en la que expuso en representación de PESCO, Antonio del Río, gerente de Equipos Especiales, quien presentó a la compañía con más de 20 años de trayectoria, líder en la venta de equipos y maquinarias para las industrias mineras, forestal, medio ambiental, municipal y de emergencia.

Por su parte, la empresa SERCOL estuvo representada por María Luz Villarroel, gerente general de la compañía y René Dahmen, jefe de Operaciones, quienes señalaron que son un grupo de empresas que durante 21 años se han dedicado al resguardo subsidiario y civil de las empresas principales y colaboradoras, a través de la prestación de servicios de gestión laboral.


Portal Minero

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