Al respecto, el ejecutivo aseguró que en Chile ya existe un royalty a través del Impuesto Específico a la Minería. En ese sentido, comentó que el impuesto vigente ya recauda en virtud de una compensación de las empresas privadas al Estado por la extracción de mineral, que forma parte del patrimonio de este último. «Aquí hay una retribución específica, no genérica. Se paga al Estado por la compra de un insumo, dicho en palabras simples», expuso.

De todas maneras, la principal crítica al proyecto tiene que ver con la fórmula de tributación que propone. «Este proyecto aplica tasas de tributos de un 3% a un 75% sobre las ventas, ahí uno empieza a razonar si se necesita un royalty sobre las ventas o sobre las utilidades».

Bajo este escenario, advirtió que una carga tributaria de esta naturaleza podría repercutir en una merma en la recaudación para el mediano y largo plazo, pues muchas compañías quedarían fuera de margen y restringiría su capacidad de invertir y tener continuidad en Chile.

Además, Hernández indicó que como el actual proyecto no deroga el actual Impuesto Específico a la Minería, si se suman todos los impuestos que debe pagar la minería, la carga tributaria total, según los precios actuales, llegaría al 82% en periodos de altos costos. Eso es el doble que países competidores como Perú o Australia. También, no considera los desafíos geológicos de las empresas mineras, cuyos costos se han incrementado considerablemente por la caída de ley del mineral.

«No estoy en contra de discutir respecto del tema, pero creo que se debe llegar a acuerdos razonables, algo que no plasma el proyecto tal como está planteado actualmente», concluyó.