miércoles 29 de enero del 2020.- Como «un error jurídico grave», calificó el director Ejecutivo de APRIMIN, Sergio Hernández, el Proyecto de Ley sobre aplicación de un royalty a la minería, iniciativa que está en plena discusión en el Congreso Nacional.

El ejecutivo sostuvo que «este gravamen ya existe desde el año 2005, con la dictación de la ley 20.026, modificada el año 2010 por la ley 20.469».

Hernández explicó que «si bien es cierto, que este gravamen adoptó la forma de determinación de su monto propia de los impuestos a la renta y que se denomina «impuesto específico a la actividad minera», todos los fundamentos de esas leyes están basados en el derecho del Estado, como dueño de las minas, a cobrar un monto por la extracción de los minerales, que las empresas mineras pagan; no están basadas en el derecho que tienen los estados a cobrar impuestos, que son una compensación genérica para financiar el aparato público y los planes sociales».

En otras palabras –continúa-, este mal denominado «impuesto» no es tal, porque las cosas en Derecho son lo que son (royalty en este caso) y no lo que su nombre indica ni su forma adopte. «Por tanto, sin perjuicio de la cuestionable constitucionalidad de este proyecto, no procede legislar creando un royalty que ya existe, por lo que el proyecto en trámite es jurídicamente improcedente», añadió.

Finalmente, Sergio Hernández hizo referencia al actual momento que vive la actividad económica nacional señalando que «Chile necesita certeza jurídica para la mayor actividad económica del país, que tiene un gran futuro por la demanda creciente de minerales necesarios para las energías limpias, que generará mayores recursos para el Estado; no perdamos esa oportunidad».