En una nueva sesión para discutir y analizar la propuesta presentada por el Gobierno, Hernández explicó que actualmente existe incertidumbre a nivel jurídico que califica las percepciones de inversionistas a la baja.

«Hoy estamos fuera de competencia para atraer inversiones por las incertidumbres que tenemos», manifestó.

Modalidades de royalty

De acuerdo con el representante, en estricto rigor el royalty minero es «una retribución al Estado por el deterioro de su patrimonio natural por la extracción de minerales de las minas que pertenecen al Estado, mientras que, desde el punto de vista del minero es un precio que paga por el insumo principal de su actividad».

Por lo tanto, que exista un royalty «es esencial, porque se está retribuyendo al Estado de este deterioro y se está aprovechando el insumo industrial por parte de la minera», aseveró.

Posteriormente, Hernández se refirió a cuatro modalidades de royalty que pueden aplicarse:

-Ad-valorem
-A la renta minera
-A la cantidad extraída
-Híbrido.

El abogado enfatizó que «se ha erróneamente dicho que el único Royalty es el ad valorem», es decir, aquel que se aplica sobre las ventas, el que criticó porque «no reconoce el distinto valor de los yacimientos para el Estado».

A su juicio, se trata de un instrumento regresivo que no considera la heterogeneidad de cada compañía que tiene costos operacionales y leyes de mineral diferentes.

«Lo anterior afecta a las compañías de menor tamaño o mayores costos, poniéndolas en riesgo de desaparecer», señaló.

Además, puntualizó que un tributo de esta naturaleza podría también generar en el mediano y largo plazo una caída en la inversión y a la postre en la recaudación fiscal, desvirtuándose el objetivo original de establecer un royalty.

La propuesta actualmente en discusión presentada por el Ministerio de Hacienda considera dos componentes: uno ad-valorem que oscilará entre tasas efectivas entre 1% y 2% para los productores entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino, y entre 1% y 7% para aquellos con más de 200.000; y el otro sobre la renta minera, con tasas de entre 2% y 36% sobre la rentabilidad operacional, para precios entre dos y seis dólares la libra.

En ambos casos se establecen tasas que varían según el precio del cobre.

Cuidar la competitividad

De acuerdo con director ejecutivo de Aprimin, «el justo instrumento para compensar al Estado por la extracción de minerales es un royalty a la renta operacional minera, no puede ser otro».

Con dicho sistema, existe una aplicación de acuerdo con los márgenes operacionales de cada operación.

El ejecutivo planteó que existe espacio para plantear una mayor recaudación para el Estado, sin perder competitividad tributaria frente a otras jurisdicciones mineras.

Para lograr eso, se debe considerar que las cargas tributarias totales en ningún caso superen a otros países que son competencia directa de Chile como Australia (42%) y Perú (53% aunque incluye utilidades a trabajadores).

Hoy la carga de Chile está entre 38% y 42%, pero con la actual propuesta presentado por el Ejecutivo, alcanzaría una de las cargas tributarias más elevadas del planeta, en torno a un 60%.