miércoles 20 de mayo del 2026.- El sistema energético a nivel mundial ha sufrido una gran transformación en la última década, con una fuerte incorporación de energías renovables. La acelerada baja de costos de estas, junto con los compromisos y acciones para la reducción de emisiones, han acelerado su adopción de modo exponencial.

Chile no ha sido ajeno a esta tendencia, que se alinea con las metas del país para lograr la carbono-neutralidad en 2050. Según cifras de Generadoras de Chile, en 2015 la participación de las renovables era de 41%, mientras que para el cierre de 2025 esta cifra aumentó a 63%. Este proceso de transición, sin embargo, también ha evidenciado nuevos desafíos operacionales para el sistema eléctrico. Entre ellos, destaca el incremento del vertimiento de energías limpias, asociados principalmente a restricciones de transmisión y desbalances temporales entre oferta y demanda, particularmente durante las horas de alta generación solar. Sólo el año pasado se desperdiciaron cerca de 6.000 GWh, lo que ha acelerado la necesidad de incorporar soluciones que agreguen flexibilidad al sistema.

En este contexto, la acelerada baja en el costo de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en los últimos años ha sido clave para su rápido despliegue en el país. Según la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera A.G.), al cierre de 2025 el país contaba con 1.575 MW de almacenamiento en operación, 737 MW en pruebas y 6.770 MW en construcción. Otros países con alto potencial renovable han seguido trayectorias similares. Esto pone en evidencia que las baterías BESS rápidamente dejaron de ser una solución técnica complementaria para convertirse en pieza estructural del sistema eléctrico nacional, así como en un habilitador fundamental para el cumplimiento de los objetivos de descarbonización del país.

Sin embargo, este hecho trae aparejados desafíos adicionales vinculados a los impactos de la cadena de valor de estos sistemas. SLR Consulting, consultora global líder en sostenibilidad y medio ambiente, en su informe “Why responsible, low-carbon battery supply chains matter: The strategic advantage of early movers”, plantea que la expansión acelerada de los sistemas BESS debe tener en cuenta criterios de trazabilidad y comprender el impacto en emisiones de toda la estructura productiva, en un contexto donde el entorno global sigue elevando sus exigencias ambientales.

“El crecimiento acelerado de las baterías, impulsado por la electromovilidad y el almacenamiento energético, está aumentando la atención sobre la forma en que se gestionan sus procesos productivos, generando una presión creciente sobre la cadena de suministro asociada a estos sistemas”, explica Manuel Merlino, líder de Energy Advisory de SLR Consulting en LATAM.

Según el reporte de la consultora, entre el 55% y el 85% de la huella de carbono de una batería a lo largo de su ciclo de vida se genera en la extracción y procesamiento de los materiales, antes de que la unidad de almacenamiento sea ensamblada. En vehículos eléctricos, las baterías concentran entre el 20% y el 40% de la huella de carbono total del ciclo de vida. Más del 80% de esa carga ambiental se concentra en cuatro materiales -grafito, aluminio, cobre y níquel. Por otro lado, cerca del 60% de las emisiones está relacionado con el consumo eléctrico, lo que refuerza el rol de las energías renovables como palanca clave de descarbonización de estos procesos.

Estándares globales que redefinen el juego

Los marcos regulatorios aplicables a nivel global, como el Reglamento Europeo de Baterías, la Ley Dodd-Frank en Estados Unidos y las directrices de la OCDE, actualmente exigen declaraciones de impacto de carbono verificadas, estándares de diligencia debida y responsabilidades legales concretas sobre los impactos ambientales a lo largo de toda la estructura productiva.

«Los marcos regulatorios están elevando el estándar y obligando a las empresas a demostrar trazabilidad y desempeño ambiental en toda su cadena. Esto define hoy si un proyecto obtiene financiamiento, si accede a mercados internacionales o si simplemente puede vender. Europa y Norteamérica están cerrando sus puertas a cadenas que no demuestren origen verificable y reducción efectiva de emisiones en cada etapa, desde la extracción minera hasta el ensamblaje final. Las consecuencias potenciales de no actuar son claras: posible incumplimiento de requisitos legales o comerciales, daño reputacional y pérdida de acceso a compradores”, afirma Merlino.

En el caso de Chile, la necesidad de analizar la cadena de valor tiene relevancia por partida doble. Primero, por su condición de productor de minerales críticos, tiene un impacto crítico sobre las emisiones de extracción y procesamiento. En este sentido, los actores del sector minero tienen un rol fundamental en la acción directa para la descarbonización de sus operaciones. Y, en segundo lugar, en el contexto de la creciente adopción de tecnologías de almacenamiento para el sistema eléctrico nacional, los desarrolladores de estos proyectos tienen un rol indirecto pero clave, a través de sus criterios de selección de proveedores y tecnologías aplicadas.

Palancas clave para la acción

El reporte de SLR Consulting identifica tres instrumentos clave para reducir emisiones de la electricidad asociada al proceso productivo en forma escalable. Estos son los contratos de compra de energía renovable o PPA (Power Purchase Agreements), que permiten adquirir electricidad directamente de un generador limpio a precio fijo; los certificados de atributo energético o EAC (Energy Attribute Certificates), que acreditan el origen limpio de la energía consumida ante reguladores y clientes; y la generación en sitio, instalando infraestructura de generación renovable directamente en las operaciones para lograr mayor autonomía en el suministro eléctrico.

«El estándar cambió, y las exigencias van a seguir aumentando en los próximos años, por lo que la capacidad de demostrar trazabilidad y reducción de emisiones en toda la cadena de valor puede ser determinante para mantener acceso a mercados cada vez más exigentes y asegurar condiciones competitivas en el largo plazo», concluye Merlino.