lunes 24 de octubre del 2022.- La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aprobó el Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi por más de 50.400 millones, orientado a subsanar las infracciones detectadas en un proceso que se inició en diciembre de 2017.

Las infracciones, entre otros hallazgos, se refirieron a:

-Incumplimiento al monitoreo de avifauna en el área del Salar de Coposa.
-Implementación de un sistema de monitoreo puntual del caudal de la vertiente Jachucoposa en lugar del sistema de monitoreo continuo comprometido, que no permite dar cumplimiento al plan de mitigación permanente de dicha vertiente.
-No haber modificado el régimen de explotación hídrica en Coposa norte, a pesar de haberse verificado un descenso de los niveles freático mayos a lo previsto en la evaluación ambiental.
-Ausencia de información en el seguimiento ambiental de informes de calidad de aguas y falta de reportes sobre compromiso de rehabilitación de bofedales de la Quebrada de Chiclla.

El Superintendente del Medio Ambiente (s), Emanuel Ibarra explicó que «la SMA concluyó que esta nueva versión del programa de cumplimiento cumple los requisitos para ser aprobado. Se hizo un trabajo para incorporar todas las observaciones levantadas por el Primer Tribunal Ambiental, así como la visión de las comunidades».

«Con ello se tomaron medidas relevantes, como la reducción del caudal de extracción de aguas subterráneas vinculadas a la operación, así como nuevos elementos de gobernanza y la implementación del Plan de Monitoreo Ambiental Participativo, acordado con la Asociación Indígena Aymara del Salar de Coposa.  Asimismo, se compromete un plan de enriquecimiento en la zona, donde se contará con el trabajo y conocimiento de la misma comunidad. Para la SMA estos son hitos relevantes, porque son incentivos al cumplimiento ambiental que significan dinero invertido directamente en la zona afectada por las infracciones», agregó.

Por su parte, el Fiscal (s) de la Superintendencia del Medio Ambiente, Benjamín Muhr, valoró que las medidas «garantizan el regreso al cumplimiento normativo por parte de la empresa, haciéndose cargo de todos los efectos ambientales verificados. Ahora lo que corresponde es que la empresa comience a ejecutar las medidas -algunas ya se han realizado en estos años de discusión- y luego la SMA deberá fiscalizar acabadamente su cumplimiento. Cabe destacar que, si la empresa no cumple su PdC, se reabre el sancionatorio, arriesgando hasta el doble de la multa original».

Acciones

Dentro de las principales acciones y medidas propuestas por Collahuasi para abordar los cargos imputados, así como sus efectos sobre el medio ambiente, están las vinculadas al monitoreo de avifauna.

La empresa ya presentó ante la SMA los términos de referencia a implementar en el área de estudio de la RCA respectiva, encontrándose en ejecución dichos monitoreos en los términos comprometidos.

El plazo fijado por la SMA para la duración total del Programa de Cumplimiento será de 17 meses, periodo tras el cual Collahuasi deberá emitir un reporte final respecto de todas las medidas implementadas.