El proyecto, que se encuentra en operación desde 2023, consiste en un parque eólico de 43 aerogeneradores de 4,3 MW e incluye una subestación elevadora, una línea de alta tensión de aproximadamente 20 km hacia la subestación Santa Clara y obras asociadas como caminos de acceso, además del uso de infraestructura vial y de transmisión eléctrica.

El procedimiento se originó tras el ingreso de 16 denuncias ciudadanas por ruidos molestos y vibraciones constantes asociadas a la operación de aerogeneradores cercanos a viviendas, principalmente en horario nocturno. A partir de estos antecedentes, fiscalizadores de la Oficina Regional de la SMA en Biobío, en conjunto con la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), realizaron inspecciones ambientales en el parque eólico entre los años 2022 y 2024, además de diversos requerimientos de información.

Tras las fiscalizaciones y el análisis jurídico, la SMA formuló tres cargos por incumplimientos a las condiciones establecidas en su permiso ambiental.

El primer cargo, de carácter grave, se formuló luego de verificar que el titular no ejecutó el rescate y relocalización de fauna de baja movilidad en categoría de conservación, en la forma y plazos exigidos por su permiso ambiental.

En concreto, el proyecto comprometía rescatar y reubicar, antes de iniciar obras, a los reptiles presentes en el área intervenida, incluyendo especies como el lagarto nítido, la lagartija manchada y la culebra de cola larga, con avisos y coordinación previa con la autoridad, lo que no se habría realizado en los términos y plazos comprometidos.

El segundo cargo se formuló porque el titular no incorporó un análisis cualitativo adecuado del impacto por colisión con aerogeneradores en los informes de seguimiento ambiental 2023 y 2024 sobre aves y murciélagos, pese a que debía monitorear estos eventos y evaluar ajustes a las medidas de manejo. La SMA observó que se reportaron resultados sin profundizar en posibles causas ni en factores del entorno, sin adoptar medidas correctivas asociadas a los hallazgos.

Finalmente, el último cargo, también de carácter leve, fue imputado tras constatar en la medición efectuada el 12 de agosto de 2023 excedencias de los límites establecidos en la norma de ruidos para uno de los receptores denunciantes, en horario nocturno y en zona rural.

El jefe (s) de la Oficina Regional de la SMA en Biobío, Hugo Ramírez, destacó que “a partir de las fiscalizaciones realizadas al proyecto, pudimos constatar distintos incumplimientos a las obligaciones establecidas en el permiso ambiental del proyecto, los que podrían afectar componentes como avifauna y reptiles, y generar impactos en la calidad de vida de las personas, especialmente por la emisión de ruido en horario nocturno”.

El titular del proyecto tendrá un plazo de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos.