El superintendente del Medio Ambiente (s), Emanuel Ibarra explicó que este proceso sancionatorio se inicia luego de analizar toda la información recabada en terreno por el equipo de la Oficina Regional de Atacama de la SMA, información entregada por Sernageomin y la DGA, junto a los reportes entregados por la minera en el marco de Medidas Provisionales dictadas pocos días después de la aparición del socavón”.

Infracciones

Infracción grave: por la sobre extracción de mineral en Mina Alcaparrosa, que se constata en el incumplimiento de la tasa de producción durante 2019.

Infracción gravísima: modificación de la infraestructura minera ambientalmente evaluada, generando afectación en el acuífero del Río Copiapó, lo que se constata en:

La modificación del sistema de drenaje subterráneo, con la incorporación de piscinas subterráneas en los niveles 335, 270 y 205 (para manejar aguas afloradas)

Ejecutar infraestructura minera hasta el nivel 350 en el sector Gaby, cercanas al nivel freático del acuífero del Río Copiapó. Este último cargo habría generado un daño ambiental irreparable en el acuífero.

Cargos leves: se sustentan en el incumplimiento de las condiciones establecidas para el transporte de mineral, lo que se constató en la operación de camiones con tonelaje superior al establecido; y no haber obtenido la autorización de vialidad para tránsito con sobrepeso por caminos públicos.

El último cargo es modificar el destino de recepción del mineral ambientalmente evaluado, pues en el permiso ambiental se planificó que se llevaría en su totalidad a la faena Mina Candelaria, lo que no se cumplió.

La instructora del caso y la investigación de la oficina regional permitió vincular el socavón con la sobreextracción de mineral. Además, cuando ocurrió el evento comenzó a filtrarse dentro de la mina grandes cantidades de agua desde lugares donde la empresa intervino más allá de lo considerado en la evaluación ambiental”, señala Ibarra.

Multas sobre 12.300 millones

Las infracciones leves pueden ser objeto de multas hasta 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA).

En tanto, las infracciones graves, pueden ser objeto de multas hasta 5.000 UTA, clausura o revocación de la RCA.

Respecto a las infracciones gravísimas, el titular arriesga la revocación de la RCA, clausura o multa de hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA).

Por esta razón, en total, la empresa arriesgaría una multa de hasta 17.000 UTA, sobre 12.300 millones.

El superintendente del Medio Ambiente (s) indicó que con esta formulación se abre un procedimiento donde deberá ponderarse la visión de la comunidad; la de la Municipalidad que es parte interesada en el caso; y las defensas que presente la empresa, para luego de ello tomar la decisión y determinar las sanciones que corresponden aplicar”.