martes 10 de noviembre del 2020.- El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, envió una carta al titular de la Comisión de Minería y Energía del Senado, Rafael Prohens, para manifestar la “creciente preocupación” de la industria por el tenor que ha tomado la discusión del proyecto de ley de glaciares, que analiza esa comisión y que está pronto a ser votado.

En la misiva, compartida también al resto de los integrantes de la comisión, el directivo precisa que el sector participa de la preocupación por la protección de los glaciares, «pero con la misma convicción debemos señalar que no compartimos el contenido actual del proyecto de ley y que lo consideramos contrario a los intereses de nuestro país».

Al analizar contenido del proyecto, Hernández señaló que la iniciativa establece prohibiciones generales para la realización de actividades productivas en -o cercanas a- zonas que pudieren ser calificadas como glaciares, ambiente periglaciar o permafrost (suelo congelado), «tratando genéricamente y de una misma manera a todas esas crioformas, las que tienen características, relevancia y una función ecosistémica totalmente diversas. Incluso el proyecto de ley se encarga de prohibir -también genéricamente- toda actividad minera en ambientes periglaciares, sin atender a la ubicación o condiciones particulares del mismo ni a la actividad que se busca realizar».

«Ello en sí nos parece inadecuado y generará un impacto negativo y totalmente innecesario al desarrollo de nuestro país, al prohibir ex ante y sin una adecuada evaluación actividades que son perfectamente compatibles con la preservación del medioambiente. Más preocupante aún es la intención de dar un efecto retroactivo a estas nuevas disposiciones», sostuvo el presidente de Sonami en su carta al senador Prohens.

Diego Hernández recuerda que, según ha indicado Cochilco y es coincidente con el análisis de la industria, la aprobación de este proyecto de ley causaría al país una caída de 2,4% en el PIB y una destrucción de 42 mil empleos, afectando innecesariamente a cinco grandes faenas mineras, las cuales han podido y pueden desarrollarse de manera perfectamente compatible con la protección de nuestro ecosistema”.

«Esta preocupación también ha sido recogida por los sindicatos de trabajadores de esas operaciones mineras. Una imposición legal de esa envergadura no sólo limitaría innecesariamente las posibilidades de desarrollo de la minería y de nuestro país, sino que además expondría al Estado a tener que indemnizar a los inversionistas por el valor económico de las reservas mineras afectadas, lo que constituye un doble contrasentido», destacó.

En la misiva, Hernández menciona el informe elaborado por la Comisión de Glaciares del Instituto de Ingenieros de Chile «Los Glaciares: ¿Qué queremos proteger?», en el que señala que «en el debate público sobre esta materia ha habido mitos e incorrecciones y por lo mismo resulta fundamental que la discusión que se realice en el Congreso tenga en debida consideración los diversos antecedentes científicos que existen, tanto en nuestro país como a nivel internacional».

«Éstos, de manera concluyente, señalan que lo correcto es considerar cada situación según sus propias particularidades ambientales y técnicas y que por consiguiente, cada proyecto debería someterse a una adecuada evaluación técnico-ambiental que considere las características del proyecto mismo y las funciones ecosistémicas e importancia de cada crioforma, a fin de compatibilizar el crecimiento del país y la preservación ambiental. Como lo plantea el Instituto de Ingenieros, posición que también compartimos, la normativa actual del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) contempla una protección compleja y suficiente”, sin perjuicio del fortalecimiento que se puede hacer de la misma», subrayó el directivo.

Hernández añadió que una política de protección de los glaciares que responda al interés público «debiera evaluar caso a caso los impactos de los proyectos y no establecer prohibiciones absolutas que impidan a priori su realización y afecten el desarrollo futuro de esta importante actividad productiva».

Finalmente, el directivo afirmó que  la manera como se ha abordado la discusión sobre esta materia ha generado diversas incertidumbres en nuestra industria y, por lo mismo, «nos permitimos hacer un nuevo llamado a que se considere el conocimiento científico existente y sobre él se construya un pronto consenso legislativo, que permita despejar tales incertidumbres y elaborar la mejor ley posible para nuestro país, que compatibilice adecuadamente el desarrollo de nuestra riqueza minera y la preservación de nuestra riqueza ambiental. La minería y la protección de los glaciares son compatibles», sentenció.