Además, se abordan aspectos vinculados a la crisis sanitaria que ha debido enfrentar la industria minera, la continuidad operaciones y la tramitación del proyecto de royalty minero en el Congreso.

Respecto a este último punto, a través de una carta, el presidente de Sonami, Diego Hernández, señala que «hemos planteado y seguiremos insistiendo en los riesgos que conlleva la modificación de la carga impositiva del sector. No solo porque afecta la evaluación de proyectos que el país requiere para potenciar su economía tras estos tiempos complejos, sino porque implica un serio riesgo para muchas mineras medianas que operan en el límite de sus márgenes operacionales».

Hernández indica que «es necesario que los senadores entiendan que el proyecto en curso tiene serias deficiencias, tales como calcular el impuesto en base a las ventas y no a las utilidades, lo cual es un error y no se condice con una minería que se desarrolla cada vez a menores leyes y con costos al alza».

Del mismo modo, «la justificación de la iniciativa tampoco tiene un correlato con la realidad, toda vez que se basa en la necesidad de obtener más ingresos para enfrentar la emergencia actual, en circunstancias que debido a la invariabilidad tributaria, sus efectos se verían principalmente en un par de años. Además, se ha argumentado que los ingresos tributarios derivados de este impuesto adicional se destinarán en gran proporción a las comunas mineras, lo cual no es posible de garantizar, dado que en Chile todos los impuestos son parte de los ingresos generales de la nación y su asignación se realiza vía Ley de Presupuesto».

En cuanto al impacto del royalty, Diego Hernández cita el estudio de Cochilco «Observatorio de costos», en que se estudian 21 operaciones mineras que representan el 92% de la producción de cobre nacional, que nos da una voz de alerta que hay que considerar. De las 21 operaciones, hay 3 en el primer cuartil de costos (el 25% más bajo o competitivo), 2 en el segundo cuartil, 5 en el tercer cuartil y 11 en el cuarto cuartil (el 25% más alto o menos competitivo).

«Un royalty a las ventas compromete la viabilidad de estas 11 minas y desincentiva la reinversión y aumenta las barreras de entrada de los proyectos mineros en carpeta», destaca el presidente de Sonami en el documento.