Este recurso natural, considerado no renovable, es protagonista de procesos químicos y físicos que en oportunidades causan daños irreparables de largo plazo, denominamos Sitios con Potencial Presencia de Contaminantes (SPPC), lo que produce la pérdida de su calidad natural debido a la presencia de sustancias tóxicas, ajenas a toda bondad que puede otorgar el suelo tanto para la naturaleza como para diversas actividades desarrolladas por el hombre. Estos sitios, en su mayoría son provocados por actividades industriales manejadas por el hombre, las cuales, por falta de procedimientos reglamentados y fiscalizados por las autoridades, causan daños incuantificables a gran escala.

En Chile es escasa la información que se tiene a nivel de estudio e investigación sobre Sitios con Potencial Presencia de Contaminantes (SPPC), las últimas publicaciones respecto a suelos contaminados fueron realizadas en las regiones de Coquimbo y Atacama (Copiapó y Tierra Amarilla) en el año 2015, Araucanía año 2017 Maule año 2019.

Sin embargo, el último reporte del estado del medio ambiente publicado en noviembre del año 2019 y que incluye datos del año 2018 nos entrega una muestra muy resumida de la situación a nivel país, basada en la Guía Metodológica para la Gestión de Suelos con Potencial Presencia de Contaminantes del Ministerio del Medio Ambiente, el cual indica que las regiones con más sitios contaminados son Antofagasta y Araucanía, seguido de Tarapacá y los Ríos. Así mismo indica que las principales actividades productivas asociadas a estos sitios contaminados son la minera con un 30,9%, (1.039 sitios) es decir, un tercio del total nacional de sitios (3.363), luego las actividades de disposición de residuos e industria-manufactura con 24,2% (814 sitios) y 21,3% (719 sitios) respectivamente.

El Gerente de ventas de Hidronor Juan Andrés Salamanca, nos entrega su postura respecto a la importancia en Chile de regular y fiscalizar terrenos contaminados. «En Chile la regulación y fiscalización de Sitios con Potencial Presencia de Contaminantes (SPPC) es un tema que no ha sido prioridad, la institucionalidad ambiental debería fortalecer el trabajo en esta materia en conjunto con las empresas para sacar adelante una norma que regule los SPPC».

El ejecutivo cree que es fundamental conocer la línea base, identificar los suelos con potencial presencia de contaminantes y establecer un ranking de prioridades dependiendo del potencial de contaminación que tenga cada sitio. «Esto permitirá tener una evaluación preliminar de identificación de cada sitio y el tipo de riesgo que este puede generar a la comunidad y al medio ambiente, para así determinar un plan de acción liderado por la autoridad, y que incluya la colaboración de universidades, Corfo, empresas privadas, generando alianzas para mejorar el potencial daño que pueden o están causando en la actualidad», concluye Salamanca.

La urgencia de tener una regulación en normas aplicadas a los suelos,  basadas en las normas de emisiones, en el DS 148, en la ley base del Medio Ambiente que establezca principalmente niveles mínimos de contaminantes, se hace imperante y debería estar fundada principalmente en la toxicidad de los metales pesados (As, Se, Hg, Cd, Cr, Ni, Pb, Zn, Cu) y Compuestos Orgánicos Persistentes, Pesticidas, como también en los niveles de Hidrocarburos que se puedan encontrar en los suelos. Por eso, el aporte de las empresas privadas a partir de la experiencia y tecnologías aplicadas a la remediación de terrenos contaminados es fundamental para avanzar en el cuidado del medio ambiente.

Un problema también para la institucionalidad minera

Los procesos mineros se han convertido en uno de los principales pasivos ambientales en materia de suelo, y con el transcurso del tiempo la importancia de recuperarlos, neutralizarlos o simplemente realizar el cierre de faena, ha tomado una importancia fundamental para la minería, creándose áreas y gerencias especializadas para poder llevarlas a cabo.

Hoy las mineras para cualquier proyecto deben presentar un Estudio de Impacto Ambiental, acompañado por un estudio de cierre de faena, el cual debe asegurar la estabilidad tanto física como química de sus procesos. «Sin embargo, existe una serie de faenas abandonas que no tienen dueño o responsable y que no tuvieron las restricciones que hoy se consideran para los cierres de faena, por lo que quedaron inestables en el tiempo lo cual ha seguido contaminando el suelo, flora y fauna de sus alrededores», añade Juan Andrés Salamanca, gerente de ventas de Hidronor.

El año 2018 el Ministerio de Minería informó sobre la nueva política nacional de relaves, para los relaves activos a través del programa Tranque y para los inactivos, como remediación para el SEIA y compensación de los daños de la actividad minera. Pero el problema sigue estando presente y es indispensable que las mineras al final del ciclo de vida de una faena se hagan cargo de estos pasivos ambientales.

En lo que existe claridad, es que Chile debe contar con una normativa como en China que cuenta con La Ley de Prevención y Control de la Contaminación del Suelo, aprobada el 31 de agosto de 2018 por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. Esta ley, crea un sistema de responsabilidad integral para prevenir y limpiar la contaminación del suelo. Otro claro ejemplo es España que regula la contaminación del suelo con la Ley 22/2011, de Residuos y suelos contaminados y en el Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Resulta muy difícil identificar el porcentaje de recuperación de un sitio potencialmente contaminado, dependerá de la particularidad de cada sitio,  de cuan contaminado este, del tipo de contaminación, de la flora que crece en el lugar, son muchas variables que influyen, incluso se puede visualizar que los tipos de contaminación en suelos en el norte de nuestro país son muy distintos a los suelos con potencial contaminante del sur de Chile, debido a la caracterización y tipos de industria que están asentadas en cada lugar.

Para concluir, Salamanca indica que «en Hidronor se ha entendido esta problemática y nos hemos esmerado en especializarnos a través de herramientas y personal calificado para devolver a las comunidades suelos remediados o estabilizados. Es fundamental aportar desde esta vereda al cuidado del medio ambiente en sitios donde por muchos años el daño ambiental no tuvo reglamentación».