miércoles 25 de octubre del 2023.- Sin lugar a dudas, el cambio climático ha generado agendas de respuesta a la crisis elaboradas tanto por organismos internacionales como por los gobiernos y el sector privado. La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros, han servido como referentes clave que han marcado la agenda pauta en el ámbito público como privado.

A pesar de que las diferentes Conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático han advertido con severidad sobre las consecuencias del calentamiento global, aún no ha sido posible establecer estrategias concretas por parte de los principales países emisores de CO2 para disminuir la contaminación y, por tanto, bajar la temperatura del planeta.

Si bien se han creado fondos de compensación y se ha promovido la descarbonización como estrategia en sectores clave como la energía, transporte de carretera, acero, hidrógeno y agricultura, aún no contamos con  evidencia sólida de los resultados de su implementación. Sin duda, estos temas serán parte de las discusiones en la próxima COP 28, así como la evaluación del fondo para pérdidas y daños establecido anteriormente por la misma conferencia.

Es innegable que los estados tienen una responsabilidad ante la crisis climática, la cual se manifiesta en la definición de compromisos, estrategias, planes de acción, normativas e instrumentos para abordarla. Mientras tanto, en el sector privado, se ha ido instalando la idea de operaciones con cero emisiones, para lo cual han establecido metas que, en algunos casos, se alinean con las declaraciones de los países.

En el caso de Chile, por ejemplo, al menos dos iniciativas estatales impactan en el sector privado: lograr la carbono neutralidad para el 2050 y la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Estas suponen no sólo cambios tecnológicos, sino también nuevas habilidades y una recalificación de las ya existentes. Eso, además de contar con una fuerza laboral debidamente preparada para la transición energética; sin esta, la transición será inviable.

Un crecimiento del 40% de la contratación de habilidades verdes en los últimos siete años, según detalla el informe Global Green Skills de LinkedIn, reflejan la importancia que están cobrando estas  habilidades en el mundo laboral a nivel global. Sin embargo, este avance se está viendo obstaculizado por la escasez de este talento a nivel mundial y la demanda, que sobrepasa la oferta, amenaza en convertirse en un cuello de botella.

Asegurar un talento cualificado es esencial para garantizar una transición socio ecológica justa, que no permita que los actuales trabajadores y técnicos se queden fuera del mercado laboral y que, además, garantice el empleo de los que se están incorporando. Y es ahí donde también aparece un enorme desafío para el sistema educativo.

La educación técnica juega un papel fundamental en toda su trayectoria: desde la formación ocupacional, pasando por las especialidades de enseñanza media técnico profesional y la educación superior. Esto implica la incorporación de habilidades de talento verde, que tienen dos dimensiones fundamentales: una transversal y otra técnica.

Desde el punto de vista de las habilidades transversales, es fundamental contar con un marco de competencias de talento verde que establezca cuáles con esas habilidades que se requiere promover en todo el sistema formativo -independientemente de la especialidad- y que, además, identifique los niveles de complejidad requeridas en función del nivel formativo que se trate. Para ello, es importante tener como referente el Marco de Cualificaciones para la Educación Técnico Profesional y lo que han comenzado ya a trabajar en otras latitudes, como por ejemplo, en la Unión Europea.

Probablemente, contar con un marco de competencias transversales facilitará también la tarea para las ofertas formativas que, desde el punto de vista técnico, aborden las problemáticas asociadas al cambio climático que hoy afectan a toda la comunidad.

Sin duda, esto representa una oportunidad significativa para impulsar la Formación Técnico Profesional como uno de los principales generadores de talento verde en nuestro país. Con una salida laboral rápida y una masa crítica considerable, este sector se vislumbra como la futura fuerza de trabajo que nos permita avanzar al ritmo que esta transición y el país necesitan.