Blog-Posts from junio, 2012

Sebastían Fuentes, Gte. Medio Ambiental BestWay

El recurso hídrico en la industria Minera es un bien escaso y de gran importancia, tanto para sus procesos de obtención del mineral como para la utilización a nivel doméstico como casinos, baños, lavado de maquinaria, etc. Dado a la importancia que tiene este recurso, se debe reutilizar la misma para obtener una buena calidad de los residuos líquidos que se generan en las distintas etapas de esta industria. Esto no solo con el fin de reducir los impactos que se generen en el receptor de descarga o cumplir con la normativa medio ambiental, sino que también para considerar las distintas alternativas de reutilización de estas aguas para otras actividades o procesos dentro de la minería. Con esto se obtiene una alternativa de manejo sustentable del recurso hídrico en esta industria.

Hoy existen diversas tecnologías que se pueden utilizar para tratar los distintos tipos de residuos líquidos que se generan en la industria minera (aguas de proceso, aguas domésticas, etc.). Sin embargo la mayoría implica, en ciertas ocasiones, un costo elevado de implementación, operación y mantención y por lo general no consideran una solución integral para determinar las acciones de reducción de la carga desde el origen o reutilización de este residuo.

Es por esto que se debe buscar una solución integral al manejo de los residuos líquidos, que incluya acciones de identificación, corrección y evaluación desde el origen del residuo hasta el punto final del tratamiento. En este último punto, actualmente existen alternativas basados en el uso de tecnologías “más limpias”, biotecnología 100% natural, automatizada, específica, que trate cada tipo de residuo, ya sea hidrocarburos de sala de lavado de maquinarias, grasas de casinos y aguas servidas, entre otros. Esto es de bajo costo, eficiente en la biodegradación de contaminantes, seguro para las personas y para el medio ambiente.

La finalidad de este tipo de tratamiento está enfocada en la sustentabilidad de quienes la utilizan, ya que en ciertas condiciones se puede hasta reutilizar el agua obtenida, dando una revalorización a tan preciado recurso.

El desafío está en buscar e implementar soluciones integrales en cada proceso en que se generen residuos líquidos, con el objetivo de desarrollar una minería sustentable que permita hacer que el país y la economía crezcan sin descuidar el medio ambiente, que nos brinda los recursos que hoy explotamos y comercializamos.

Sebastían Fuentes es Gerente de la División Medio Ambiental de BestWay.

Portal Minero

Ricardo Torres, Fundador Carbo Ambiente

Las empresas, cuando realizan una actividad productiva, dejan una huella en el medio ambiente, en la comunidad que les rodea y en el clima.

Analicemos cómo usamos la energía. Si se utiliza electricidad del Sistema Interconectado Central (SIC), más de la mitad de ésta fue producida quemando carbón y petróleo. Para alimentar las calderas, usamos petróleo, gas o carbón. Si necesitamos insumos y materiales, o si movemos productos, utilizamos petróleo. La quema de estos combustibles fósiles produce Gases de Efecto Invernadero: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros. La cantidad generada de estos gases es lo que se conoce como la Huella de Carbono.

Los Gases de Efecto Invernadero tienen una característica fundamental: son capaces de reflejar el calor. Es decir, se comportan de forma similar a los aislantes. Investigaciones científicas muestran que estos gases ya han aumentado la temperatura del planeta en 1°C, generando múltiples trastornos climáticos. Existe una gran preocupación de parte de la comunidad científica, grupos ambientalistas, gobiernos, empresas y ciudadanos de todo el mundo por reducir la generación de los Gases de Efecto Invernadero, ya que las proyecciones indican que, si no modificamos en forma drástica la tendencia, las consecuencias climáticas y medioambientales serán desastrosas e irreversibles: derretimiento de grandes masas de hielo, aumento del nivel del mar, falta de agua, hambrunas y la extinción de 1 de cada 4 especies animales y vegetales.

Si a todo esto sumamos factores tales como la sobrepoblación, la tala indiscriminada de bosques, contaminación de las aguas, el agotamiento de los recursos naturales, la globalización y una competencia cada vez más agresiva, es lógico que aquellos que funcionen sustentablemente, reduzcan su Huella de Carbono y se anticipen a estos escenarios serán quienes mejor se adaptarán.

Por lo tanto, es lícito plantearse las siguientes alternativas: o escondemos la cabeza en la tierra, y rogamos que alguien más nos arregle el problema, o somos parte de la solución. Curiosamente, aquellas empresas que han elegido el camino de la sustentabilidad se han beneficiado de múltiples formas: aumentando la eficiencia, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles, reduciendo costos, mejorando su imagen corporativa, diferenciándose, profundizando su relación con la comunidad y disminuyendo la rotación de personal. Aquellas empresas que no sigan este camino perderán terreno y competitividad en un mundo cada vez más globalizado y competitivo. Pareciera que la elección es cada vez más sencilla.

Ricardo Torres Fernández

Fundador de Carbo Ambiente, consultor en Huella de Carbono y Académico de la Universidad de Chile.

Portal Minero

Cristián Álvarez, Especialista Técnico de Tripp Lite 

“El desafío de mantener la alta disponibilidad en un data center no depende solamente de la tecnología utilizada. Como lo plantea la normativa internacional que los estandariza, depende de cuatro subsistemas, y de la infraestructura física,  los que deben ser considerados con la misma relevancia y nivel de inversión al momento de construir o mejorar un data center.” 

La TIA (Telecommunications Industry Association) creó un estándar para centros de datos basado en cuatro niveles de disponibilidad. Estos, a su vez, tienen cuatro áreas o subsistemas (Arquitectura, Mecánica, Telecomunicaciones y Eléctricidad), en los que se describen los elementos mínimos que debe poseer un data center para llegar al nivel de disponibilidad deseado.

Normalmente, cuando se trata de concretar un nuevo proyecto TI en las empresas, se destinan las inversiones en forma dispar, priorizando la inversión en la compra de servidores, equipos de comunicación y software, relegando la infraestructura física que los soporta a un segundo nivel de relevancia e inversión. Sin embargo, la gran mayoría de las fallas y de los tiempos muertos se producen justamente en el ítem donde menos se invirtió: la infraestructura física. Esta tendencia está cambiando, porque existe mayor información y conciencia del problema que significa tener un data center no disponible.

Algunas compañías especializadas en estos temas pueden aportar con infraestructura a 3 subsistemas relevantes en un data center, es decir, hasta un 75% de la totalidad del centro de datos se puede implementar con equipos de marcas especializadas a modo de subsistema y hasta un 90% en infraestructura física propiamente tal.

¿Cómo debe estar compuesto un data center?

Subsistema Mecánico:

• Rack y accesorios
• Equipos de aire de precisión y complemento
• Sensores de temperatura y humedad 

Subsistema telecomunicaciones:

• Patch panel
• Switch
• Router
• KVM
• Software de monitoreo y control 

Subsistema eléctrico:

• Paneles de distribución
• PDU
• UPS
• ATS
• Inversores
• Reguladores de tensión 

La disponibilidad debe determinar su inversión

Muchas veces se realizan compras de equipos de acuerdo a un presupuesto rígido, arbitrario o estimativo, que finalmente determinará la disponibilidad de sus sistemas. 

Asimismo, en ocasiones, sabemos que se requiere una determinada solución para el centro de datos (como racks, climatización o UPS), pero al desconocer nuestro nivel de disponibilidad deseado, dejamos que el mercado nos ofrezca lo que tiene. Esto nos lleva a resolver casi siempre por la alternativa con el menor precio o mejores plazos de entrega. 

Por esta razón, es importante cumplir con el estándar internacional en todos sus productos y asesorarse respecto de cuál es el modelo necesario para su respectiva necesidad y a qué nivel de disponibilidad apunta.

Máxima protección para mantener su disponibilidad

Hay variadas tendencias respecto a la protección máxima dentro de un data center. Se cuenta con equipamiento de tecnología redundante N+1, 1+1, N+2 para aumentar la disponibilidad de respaldo eléctrico, y los modelos Hot-Swap permiten la reparación o mantenimiento de los módulos de potencia, mientras el equipo conectado permanece energizado.  Además, se puede automatizar un data center mediante software y herramientas de gestión, controlando dispositivos como UPS, PDU, KVM, y ATS por la red.

¿Qué se necesita?

Para realizar una inversión inteligente en su data center, primero debe apuntar a satisfacer un estándar. Es decir, no se trata de comprar lo que estime que necesita, sino lo que requiere para cumplir con la normativa y obtener un determinado nivel de disponibilidad. Para esto, es indispensable que se haga aconsejar por expertos que además posean un completo equipo de ingenieros que le pueden asesorar en su gestión. 

Portal Minero

Marcela Vega Moll, Abogada

Pocas personas en Chile conocen la existencia del Registro Especial de Usuarios de Sustancias Químicas Controladas (“REUSQC”), a cargo del Ministerio del Interior. Igualmente escasas son las empresas que saben que, en cuanto usuarias de ácido sulfúrico, dicha normativa se les aplica. Sin embargo, un principio de nuestro derecho es que las normas legales se presumen conocidas desde su publicación en el Diario Oficial. Nadie puede invocar desconocimiento de la ley para justificar una acción u omisión. Por ende, toda empresa que importa, exporta, fabrica, produce o prepara ácido sulfúrico, en estado puro o en mezcla, cualquiera sea el porcentaje, debe proceder a la brevedad a reunir todos los documentos requeridos para inscribirse en el REUSQC. Una vez inscrita, la empresa habrá dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 20.000 (“Ley de Drogas”) y en el Reglamento contenido en el Decreto Supremo 1358 del Ministerio del Interior, que establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias químicas. 

En seguida, deberá cumplir una serie de otras obligaciones:

1. Mantener inventario de existencias y movimientos de las sustancias.
2. Adoptar todas las medidas conducentes a facilitar las acciones de inspección por parte de los funcionarios del REUSQC, los cuales tendrán acceso, en todo momento, a las dependencias, documentación, sistemas informáticos de las existencias, registro de movimiento y a toda la documentación relativa a importaciones y exportaciones de sustancias químicas controladas.
3. Informar mensualmente los inventarios de sustancias al Ministerio del Interior.
4. Comunicar a la autoridad las operaciones de importación y exportación, con antelación a la fecha prevista para el embarque o para el envío legal de la exportación, respecto de lo cual la Subsecretaría del Interior notificará al país importador.
5. Informar por escrito en forma inmediata al Ministerio del Interior toda modificación a la estructura de la persona jurídica, los poderes vigentes del o los representantes legales, cambios de socios o administrador(es).
6. Informar todo hecho esencial de las empresas registradas cuyo conocimiento revista importancia.
7. Informar inmediatamente cualquier operación de la que sean parte y sobre la cual tengan certeza o indicio que sustancias químicas controladas puedan ser desviadas para la fabricación ilícita de drogas, absteniéndose de realizar la operación sin efectuar previamente dicha comunicación.

De los deberes recién enunciados, probablemente el primero no significará mayor problema para una empresa razonablemente organizada. Son las siguientes actividades las que conllevan cambios en la burocracia interna de la compañía y, por ende, suponen mayor resistencia de parte de las organizaciones.

Los inventarios de sustancias químicas controladas que mantiene una empresa –y sus movimientos- debe ser informada mensualmente al Ministerio del Interior. La normativa original planteaba como plazo los cinco primeros días hábiles, el cual actualmente es de diez días hábiles. Para cumplir este deber y estar preparado para fiscalizaciones, es necesario contar con información fácilmente accesible, eventualmente incorporando nuevas aplicaciones a los sistemas de control de inventarios. Algo similar ocurre con las normas sobre comercio exterior, donde se requiere avisar con quince días de antelación a la fecha prevista para el embarque o para el envío legal de la exportación, respecto de lo cual la Subsecretaría del Interior notificará al país importador, mediante los formularios que se pondrán a disposición para tales efectos.

Por su parte, las obligaciones descritas bajo los números 5, 6 y 7, implican un cambio al interior de la empresa que va más allá de más tramites en los procedimientos. Se trata de disposiciones que exigen el involucramiento de la administración superior de la sociedad. En efecto, suponen que la empresa deberá abstenerse de vender producto a quien aparezca como una persona sospechosa y que, es más, el representante legal de la empresa debiera velar porque existan procedimientos internos de chequeo de los clientes (como los “Conozca a su Cliente” de la industria bancaria), investigaciones sumarias dentro de las empresas y poner a disposición del Ministerio del Interior los antecedentes. Esto asemeja el estándar de la industria usuaria de sustancias químicas controladas a las obligaciones de la OECD para sus miembros en materias de lavado de activos, cohecho de funcionarios públicos y proscripción del financiamiento terrorista.

Conviene detenernos a examinar qué riesgos corre la empresa que no se inscribe en el REUSQC u omite adaptarse a las restantes obligaciones enunciadas más arriba.

En primer lugar, el artículo 59 de la Ley 20.000 contempla una sanción por omitir el deber de inscribirse en el registro. Se trata de una multa que va desde cuarenta Unidades Tributarias Mensuales ($1.576.480) hasta mil Unidades Tributarias Mensuales ($39.412.000). Cabe hacer notar que existe actualmente en tramitación un proyecto de ley que modifica esta norma, agregando la siguiente frase: "La reincidencia en la infracción referida en este título hará que el monto de la multa suba al doble, pudiendo ser además sancionada con clausura del infractor hasta por 3 meses. Finalmente, en caso de nueva reincidencia, la cuantía de la multa de mantendrá, y deberá decretarse la clausura definitiva." Sin embargo, sabemos que nuestras autoridades –con algunas excepciones- no cuentan con los recursos necesarios para fiscalizar. Por ello, por más que suban las penas si no existe un riesgo concreto de ser sancionado no faltará quien sostenga que la contingencia de verse expuesto a una multa es tan remota que no amerita incurrir en los gastos de contratar un abogado y realizar la tramitación. Ni menos cambiar los procedimientos internos y agregar trámites engorrosos, que implican cambios y más carga de trabajo, generando rechazo en el personal a cargo de realizarlos.

Frente a eso, podemos decir que existe la expectativa de un cambio que se traduzca en un aumento de la fiscalización. El primer paso vino por el traspaso de la función de administración del REUSQC desde el CONACE (ahora SENDA) al Ministerio del Interior. En segundo lugar, esta normativa no es original de nuestro país. Su origen está en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscrito en Viena, en 1988 (“Convención de Viena de 1988”). Consecuencialmente, nuestro país está bajo la supervisión de organismos internacionales, con el objeto de verificar la seriedad con la cual Chile cumple sus compromisos. En este sentido, resulta pertinente destacar el reciente Informe 2012 sobre Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR por sus siglas en inglés)  de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (Bureau of International Narcotics and Law Enforcemente Affairs), que se refirió a nuestro país en los siguientes términos:

“A pesar de las leyes de control de químicos de Chile, el monitoreo del desvío y contrabando está limitado por la estructura burocrática, la ausencia de un sistema de registro eficiente y por la falta de personal suficiente […] 

“Las compañías que importan, exportan o fabrican precursores químicos deben registrarse en el REUSQC y mantener registro de sus clientes, y están sujetos a inspecciones. Durante 2011, aproximadamente 200 importadores y exportadores se han registrado en el Gobierno de Chile, pero existen potencialmente muchas más compañías que debieran estar registradas, pero no lo están, debido a la ineficiencia del sistema de registro. Existe un proyecto de ley pendiente en el Congreso para expandir la lista de compañías sujetas a fiscalización y las autoridades chilenas continúan trabajando con los Estados Unidos […]”

En concreto este “tirón de orejas” se tradujo inmediatamente en una nota publicada en la página web del Ministerio del Interior, donde se anuncia “un año 2012 Intensivo en las fiscalizaciones tanto documentales como en terreno es lo que proyecta el Área de Sustancias Químicas Controladas dependiente de la Subsecretaría del Interior. Para ello el área está incorporando nuevos profesionales los cuales tendrán la importante labor de fiscalizar a las empresas que actualmente están registradas”.

Un segundo estímulo al cumplimiento normativo viene dado por la contingencia de presiones de grupos de interés, principalmente vecinos y ambientalistas, pero también competidores. En efecto, una empresa que compite sin destinar recursos para ajustar su actuar a las leyes, actúa en forma oportunista en comparación con aquellos incumbentes del mercado que se conducen con apego a la ley. Por ende, el oportunista está expuestos a que lo denuncien otros actores del mismo rubro. En cuanto a la comunidad, es sabido que hoy en día la mayor contingencia para una empresa viene dada por aquellas acciones legales que puedan deducir terceros –vecinos, ONGs, etc.- contra una empresa, fundada en el incumplimiento de la legislación. Actualmente, no hay mejor fiscalizador que el propio entorno de una empresa y la expectativa de recursos de protección, procedimientos ante la Contraloría General de la República, órdenes de paralización de faenas, entre otras.

El último y tercer estímulo para las empresas se encuentra en el valor de la reputación. Una compañía que no tiene un apego interno de cumplimiento efectivo de la ley, normalmente tendrá un mal ambiente ético interno. Las personas que trabajan en una empresa con altos estándares de compromiso legal, también actúan entre ellos de la misma manera. En el mismo sentido, ser empleado de una empresa con mala reputación, se traduce en una mancha en el currículum. Solo pensemos en los efectos que para quien busca trabajo de tener en su biografía el registro de un trabajo en alguna empresa involucrada en algún escándalo financiero o estafa.

MARCELA VEGA MOLL es abogada, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (1997, Summa Cum Laude) y diplomada en reforma procesal penal. Se ha desempeñado en prestigiosos estudios jurídicos (Figueroa & Coddou, Philippi Yrarrazaval Pulido & Brunner, Bofill Mir & Alvarez Jana) y como profesora y ayudante de litigación en las Facultades de Derecho de la Universidad Adolfo Ibañez y de la Universidad de Chile, respectivamente. Actualmente es socia del estudio jurídico de su mismo nombre y de la empresa LEXQUIM. 

Portal Minero

Francisca Rojo, Gerente de Tax & Legal Deloitte Chile

El proyecto de reforma tributaria presenta una serie de modificaciones de las que poco se habló antes de su presentación y que de aprobarse, provocarán un cambio importante en el sistema tributario vigente. No obstante, hay que destacar que muchas de ellas se inspiran en los principios de equidad y justicia que deben fundar todo sistema impositivo.

En efecto, destacan las medidas que buscan igualar el tratamiento de sociedades de personas con el de sociedades anónimas, acercar la carga impositiva efectiva que afecta a residentes en Chile con extranjeros, entre otras que también buscan eliminar la posibilidad del arbitraje tributario.  

Así, la propuesta de reliquidación del Impuesto Único de Segunda Categoría puede significar un avance en materia de igualdad tributaria. Hoy un trabajador independiente con ingresos variables fija su base imponible anualmente, por lo que aquellos meses con altos ingresos se compensan con otros de menor renta. Caso muy distinto al de los trabajadores con contrato de trabajo, quienes están sujetos a una base imponible mensual, y por tanto imposibilitados de compensar sus rentas variables con la normativa actual que ahora se corrige.

Así, no existiendo razones que justifiquen este tratamiento diferenciado que redunda en una mayor carga para el trabajador dependiente, el proyecto propone la posibilidad de reliquidar el Impuesto Único de Segunda Categoría sobre base anual, compensando aquellos periodos de menor renta con meses de altos ingresos, distribuyendo el total de ingresos en el año calendario y aspirando con ello a una menor carga impositiva, más justa y cercana a la que afecta a los trabajadores independientes con similares ingresos.

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