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Ayer martes trabajadores contratistas se movilizaron en distintas divisiones de la minera estatal para exigirle a la empresa que negocie una ampliación del Acuerdo Marco.
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El presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro,
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dio a conocer además los
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impactos que estas movilizaciones tienen para la empresa estatal,
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que se estiman en unos USD 27 millones
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diarios.
Miércoles 22 de Julio de 2015.- En medio de las movilizaciones que han realizado trabajadores contratistas de Codelco, la minera estatal informó que sus operaciones solo se han visto afectadas en El Salvador. El resto de las divisiones de están funcionando con total normalidad, señaló la empresa a través de un comunicado.
La cuprera señaló además que se encuentra estudiando las acciones legales para perseguir las responsabilidades ante "los graves y violentos hechos acontecidos ayer, que generaron lesiones a trabajadores, daños a equipos e instalaciones y en la infraestructura pública". Codelco condenó “enérgicamente situaciones de fuerza e ilegítimas, que atentan contra la integridad de las personas".
Trabajadores agrupados en la Confederación de Trabajadores del Cobre de Chile (CTC) iniciaron en la madrugada de ayer bloqueos y barricadas en los accesos a las divisiones de la estatal, exigiendo que la compañía establezca una mesa de negociación para ampliar el Acuerdo Marco mediante el cual establecen sus beneficios laborales. A través de un comunicado, justificaron su movilización como una "consecuencia de las nefastas políticas de externalización descontrolada que impulsaron las administraciones anteriores de Codelco, generando vulnerabilidades, mayores costos y pérdidas productivas”.
“Por lo mismo, una vez más, hacemos la exigencia a la Administración de la empresa para que
Además pidieron que la empresa "impulse, a la brevedad posible, un agresivo plan de internalizaciones en las áreas estratégicas y en toda la cadena del valor del negocio minero y metalúrgico, con el doble objetivo de mejorar la productividad y no depender de terceros en actividades críticas, asegurando de esta forma, la buena marcha de la empresa estatal”, agregó la entidad gremial.
La CTC aclaró que el citado Acuerdo Marco, que quiere ser renovado y ampliado, “ha sido firmado entre las organizaciones sindicales de trabajadores contratistas -entre otras, por la propia CTC- con la Asociación Gremial de Empresarios para la Minería y Rubros Asociados (AGEMA), siendo el último acuerdo firmado, en mayo de 2013 y cuya vigencia se extiende hasta el año 2016. Por lo tanto, las empresas contratistas no pueden eludir su responsabilidad de hacer una buena gestión laboral y hacerse cargo plenamente de las relaciones laborales con sus organizaciones sindicales. Por lo mismo, no nos parece razonable que las propuestas y movilizaciones laborales se dirijan contra Codelco y no contra sus propios empleadores”.
“Finalmente, Codelco en su calidad de empresa mandante, debe asegurar el máximo control y fiscalización de los contratos con las empresas que le prestan servicios, especialmente en materias laborales y previsionales. Aquellas empresas que incumplen el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, deben ser eliminadas del registro de empresas contratistas proveedoras de la Corporación”, sentenció", piden desde la gremial. También que Codelco, en su calidad de mandante "asegure el máximo control de los contratos" y que elimine de sus registros a las empresas que incumplan.
En ese contexto, el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, convocó ayer a las empresas contratistas a una reunión para analizar los efectos de las movilizaciones de trabajadores de dichas compañías, y solicitar que se busque a la brevedad una solución al conflicto. Durante la cita, Pizarro expuso sobre los impactos que estas movilizaciones tienen para la empresa estatal, que superarían los USD 27 millones al día; y que les remarcó es responsabilidad de las empresas contratistas y de sus trabajadores buscar los caminos de solución que permita acabar con el conflicto.
“Un incremento de estos beneficios y sus costos asociados no son compatibles con las condiciones del mercado del cobre, la realidad económica del país y la sustentabilidad de los proyectos estructurales”, les aseguró Pizarro.
