martes 07 de abril del 2026.- Ha pasado mucha agua bajo el puente desde que, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, comenzó a delinearse una política pública para el desarrollo del litio en Chile. Aquella discusión no hizo sino reafirmar el carácter estratégico y no concesible del mineral, definido desde fines de los años setenta.

Sin embargo, durante los gobiernos del presidente Piñera, los intentos por expandir la producción mediante licitaciones de CEOL (Contrato Especial de Operación de Litio) o negociaciones directas terminaron entrampados en controversias administrativas, judiciales y regulatorias, reflejando la ausencia de un camino institucional claro para habilitar nuevos proyectos.

Hoy sabemos que Chile tomó una decisión política clara: el litio es estratégico y el Estado debe tener un rol protagónico. No solo regulador, sino también socio y, en algunos casos, controlador. Desde esa premisa se estructuró la Estrategia Nacional del Litio del gobierno del expresidente Boric. Y el mercado respondió de forma racional: si el litio está bajo reserva estatal y requiere CEOL, entonces el camino menos riesgoso es asociarse con quien puede otorgarlo o ya lo posee.

Los principales proyectos hoy en desarrollo siguen ese patrón. En el Salar de Atacama, Codelco entra con mayoría en la sociedad conjunta con SQM. En Maricunga, Codelco controla la sociedad con Río Tinto (50,01%). En Altoandinos, Enami se asocia con Río Tinto, aunque aquí el control será privado (51%), algo que también resulta lógico considerando la menor capacidad operativa y experiencia de Enami.

El mensaje es claro: el inversionista no busca confrontar al Estado. Busca alinearse con él. Pero esa decisión tiene una consecuencia inevitable: si el Estado se convierte en el habilitador del negocio, debe comportarse como una contraparte predecible, eficiente y financieramente creíble.

Y ahí aparece el verdadero debate.

El litio no es cobre. No es un negocio lineal. Es cíclico y volátil. Entre 2022 y 2024 el precio pasó de máximos históricos a caídas abruptas. Cuando el precio sube, todos quieren participar. Cuando cae, sobreviven los proyectos que tienen menor costo, mayor certeza jurídica, mejor acceso a financiamiento y cronogramas ejecutables.

En ese contexto, el tiempo no es un detalle administrativo. El tiempo es valor económico. La pregunta incómoda es inevitable: ¿permitió la política del litio en Chile capturar plenamente la ventana de precios altos? ¿O parte de esa renta potencial se diluyó mientras el modelo se diseñaba y negociaba?

No es una crítica ideológica. Es una evaluación de gestión.

El CEOL se transformó en el verdadero instrumento de poder del Estado. Sin CEOL, no hay proyecto. Y eso ha generado un efecto: el inversionista internacional prefiere asociarse con Codelco o Enami antes que intentar navegar solo el proceso.

Pero el dilema central sigue abierto: ¿puede el Estado garantizar que proyectos privados obtendrán un CEOL en tiempo y forma?

Hoy, la respuesta honesta es que no plenamente. El proceso depende de múltiples factores: negociación contractual, consulta indígena, relacionamiento comunitario, control administrativo y permisos ambientales. Todo ello convierte al CEOL no solo en un título habilitante, sino en una negociación política, jurídica y territorial compleja.

Mientras esa complejidad se resuelve, el ciclo de precios sigue avanzando.

Y en un mercado volátil, el tiempo no es solo gestión: es precio.