miércoles 20 de mayo del 2026.- “Argentina es un país que no se había permitido crecer. Por ejemplo, la Ley de Glaciares prácticamente había prohibido la minería”. La frase es de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación de Argentina, en la Expo EFI 2026. Con esa frase resumió lo que pasó del otro lado de la cordillera durante décadas. Un país que se amarró las manos a sí mismo.

La industria que mejor lo demuestra es la minería. En 2025, Chile exportó US$63.253 millones. Argentina, US$6.037 millones. Diez veces menos. En cobre, la diferencia es brutal. Chile exportó US$55.187 millones. Argentina, cero. La última mina de cobre argentina, Bajo La Alumbrera, cerró en 2018. Compartimos la misma cordillera, las mismas vetas y la misma geología. Lo único que cambia es de qué lado del límite estás.

Sturzenegger contó que en dos años se derogaron 15.000 normas que obligaban al sector privado a hacer algo. Quince mil. Y anunció seis nuevos proyectos: la “Ley Hojarasca” que elimina más de 70 leyes obsoletas, la inviolabilidad de la propiedad privada, defensa de la competencia, mercado de capitales y modernización de la ley de sociedades.

Estas decisiones han tenido efectos concretos. Las exportaciones argentinas han crecido más de 40% en sólo dos años. Sólo en petróleo y gas proyectan pasar de cero a US$50.000 millones en tres años. El proyecto minero Distrito Vicuña con una inversión de USD 18.000 millones de dólares, permitirá una exportación promedio anual de 400.000 toneladas de cobre. El renacer de la industria minera argentina.

Argentina hace 80 años era una de las economías más prósperas del mundo. Después vinieron décadas de estatismo, populismo, expropiaciones, cepos cambiarios y leyes diseñadas para impedir actividades enteras. Argentina finalmente despertó. Y volverá a ocupar su lugar como una de las economías más importantes del planeta.

Chile lleva más de una década auto imponiéndose las mismas trampas que Argentina está desarmando. Un estudio del CEP cuantificó que la permisología nos cuesta 7,3% del PIB anual. Más de US$22.000 millones por subinversión. La OCDE contabilizó 380 autorizaciones distribuidas en 37 servicios públicos. Once años puede tardar un permiso sectorial. Dominga lleva doce años de tramitación para sólo producir 150.000 toneladas de cobre al año. Inaceptable.

A esto le sumamos un debate ambiental que muchas veces dejó de ser ambiental para volverse ideológico. Si seguimos por ese camino, en una década podemos estar mirando la minería argentina como hoy ellos admiran actualmente nuestra industria estrella.

Afortunadamente hoy tenemos un gobierno pro crecimiento. Que entiende que sin inversión no hay empleo, sin empleo no hay salarios, sin salarios no hay bienestar posible. Y la estrategia ha sido clara: desregulación, certeza jurídica y reducción radical de la permisología. Si Argentina, partiendo desde mucho más atrás, eliminó 15.000 normas anti crecimiento en sólo dos años, Chile puede hacerlo más rápido y mejor.

Para eso necesitamos un Congreso a la altura. Si hasta Argentina se está dando cuenta de que se auto prohibió crecer, ¿Qué excusa nos queda a nosotros? Llevamos +10 años creciendo a un mediocre 2%. Todavía estamos a tiempo. Pero el reloj corre. La competencia por atraer capital no perdona.