jueves 07 de mayo del 2026.- El desarrollo del litio en Chile depende hoy mucho más de la política pública que del recurso mismo. Esa es probablemente la conclusión más importante que deja la última década de debate sobre este mineral estratégico.

El país optó por un modelo donde el Estado tiene un rol protagónico. Una decisión a la que el mercado ha respondido de forma racional: si el litio está bajo reserva estatal y requiere CEOL (Contrato Especial de Operación de Litio), entonces el camino menos riesgoso es asociarse con quien puede otorgarlo o ya lo tiene. Es así como inversionistas internacionales han preferido asociarse con empresas estatales como Codelco o Enami antes que intentar avanzar de manera independiente.

Pero aquí aparece el dilema central: ¿puede el Estado garantizar que proyectos privados, sin participación estatal, obtendrán un CEOL en tiempo y forma? Hoy, la respuesta honesta es: no plenamente.

El proceso depende de factores que demandan administrar el proceso en detalle y en forma estratégica. Esos factores incluyen al menos, negociación contractual con el Estado, consulta indígena y comunitaria, considerando un relacionamiento temprano y abierto, control administrativo, los consabidos permisos ambientales y una coherencia con la estrategia política del Estado.

En ese contexto, pareciera que el gobierno entrante enfrentará una disyuntiva delicada: mantener el modelo estatal-asociativo, o flexibilizarlo para acelerar inversión. Sin embargo, mi tesis es otra: no es una elección binaria. Más bien, se debe avanzar en dos frentes.

Primero, en un carril estratégico: salar(es) de alto impacto, con mayoría estatal, gobernanza robusta y exigencia ambiental máxima. Volver atrás en las asociaciones alcanzadas no tiene espacio alguno, más allá de las diferencias ideológicas que pueda representar.

En segundo lugar, un carril competitivo: polígonos donde el Estado no controla, pero regula con estándares claros, royalty definido y CEOL con plazos máximos estrictos. Sin plazos normativos claros para otorgar CEOL, el sistema seguirá siendo incierto.

Si el Estado quiere ser socio, debe actuar como socio profesional, con cronogramas públicos, plantilla contractual estándar, métricas de avance y ventanilla única real.

Cuando hablamos de litio, la burocracia no es neutral. Es costo financiero. El mercado ya tomó una decisión: asociarse con el Estado reduce riesgo. Pero eso convierte al Estado en el factor crítico del éxito.

La política del litio no fracasará por ideología. Fracasará si no entiende que el recurso más escaso no es el litio. Es el tiempo. Y en un mercado cíclico, el tiempo es precio.