Hace 52 años por unanimidad del Congreso Nacional se aprobó la reforma constitucional que permitió la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre y la incorporación de un estatuto de normas mineras, constituyéndose ambas decisiones como las más importantes de la política de Estado del siglo XX para el desarrollo minero en nuestro país. Así, el metal rojo se ha constituido como un elemento clave en la economía nacional, siendo la principal riqueza y recurso de exportación chileno.

Los antecedentes señalan que desde 1905, los principales yacimientos cupríferos eran explotados por capitales norteamericanos, constituyendo verdaderos enclaves dentro del territorio nacional. La relación entre estas empresas y el Estado chileno estuvo marcada desde la segunda mitad del siglo, por sucesivas controversias relacionadas con rentas excesivas, aumentos de impuestos, en relación con los precios del cobre y las inversiones necesarias para ampliar los desarrollos de los yacimientos.

En los años 60´ las voces se levantaban en temas como la recuperación de las riquezas básicas y principalmente en la nacionalización. Un primer paso en este proceso lo constituyó la llegada al Gobierno de Eduardo Frei Montalva y su programa reformista de la «revolución en libertad», cuya línea económica proponía un conjunto de reformas estructurales, destacando una nueva política cuprífera conocida como la chilenización del cobre, en 1964.

Esto llevó, en 1966, a la intervención chilena en la propiedad y dirección de la gran minería del cobre mediante la asociación con el capital extranjero; asimismo, proponía un aumento sustancial de la producción mediante fuertes inversiones y la refinación completa del cobre en nuestro territorio.

Posteriormente, al asumir la presidencia Salvador Allende, puso en marcha un inmediato proceso hacia la nacionalización y estatización de la gran minería del cobre. Este proceso culminó el 11 de julio de 1971, cuando el Congreso Nacional aprobó por votación unánime, la enmienda constitucional que hizo posible la nacionalización total del cobre y establecer un orden público económico minero a nivel constitucional, todo ello vía la dictación de la Ley Nº 17.450.

Hoy, luego de 52 años, podemos constatar la importancia de la minería y del cobre en la economía nacional, a través del aporte a las arcas fiscales del Estado de Chile, los encadenamientos productivos y el desarrollo que han experimentado las regiones mineras.

Esta celebración encuentra a la minería y su futuro próximo con nuevas y mejores expectativas. A nivel mundial, se proyecta un aumento en la demanda de minerales, como litio y cobre, para los planes de desarrollo tecnológico orientados a combatir los efectos negativos del cambio climático; a través, por ejemplo, de la electromovilidad y energías renovables.

Como chilenos, debemos potenciar esta actividad, que por años ha sido el sector productivo que más recursos económicos ha aportado al país. Por ello, es importante y necesario, que cada ciudadano de Chile, la conozca y valore su trascendencia para un mayor desarrollo sostenible del país y sus regiones.