El secretario de Estado señaló que «el proyecto actual es de una tremenda trascendencia porque tiene un efecto retroactivo, ya que  establece en su articulado transitorio que cualquier actividad que esté cerca, no sólo de glaciares, sino que del ambiente periglacial y también de glaciares de roca, o incluso, del permafrost tiene que paralizar. Esto significaría, de acuerdo al informe de Cochilco, que minas como El Teniente, Andina, Los Bronces y Los Pelambres, tendrían que paralizar y  despedir a 36 mil personas. A mí me da la impresión que tener un par de sesiones y despachar un proyecto de la magnitud y profundidad que tiene este es extraordinariamente grave».

Prokurica afirmó que el interés del Gobierno es defender los glaciares y que se compatibilice con las actividades económicas. «Nos preocupa cómo se tramite este proyecto. Aquí no hay nadie que quiera destruir glaciares, sino por el contrario. Pero también queremos que se pueda compatibilizar con el desarrollo, el trabajo y las oportunidades para la gente», indicó.

El titular de Minería explicó que pidió que se constituyera un equipo técnico para los efectos de hacer un informe con los antecedentes para que los senadores puedan votar, pero puntualizó que «esta situación no ha sido posible producto de que algunos parlamentarios se han opuesto a cumplir este compromiso y a generar esta comisión».

La situación que estamos viviendo, amerita que tengamos una asesoría técnica, que escuchemos a instituciones que son permanentes como el Instituto de ingenieros, a glaciólogos, que conocen estos temas y en base a eso tomar una decisión”, añadió.