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Perú

23 de Febrero de 2011.- La minería ilegal mueve más de 900 millones de dólares al año que no pagan impuestos, regalías y menos aún generan canon en beneficio del país y las regiones, informó hoy la presidenta del Comité Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Eva Arias.
En ese sentido, expresó que la SNMPE respalda la decisión política del gobierno de hacer frente a la minería ilegal que se está extendiendo peligrosamente por todo el territorio nacional, ocasionando graves problemas ambientales, sociales y económicos.

“La intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Madre de Dios ha sido necesaria porque es una de las regiones más golpeadas por la minería ilegal que ya ha destruido más de 150 mil hectáreas de bosques y contaminado los ríos de la Amazonía”, afirmó.

Precisó que el Estado peruano no se está enfrentando a una minería de subsistencia sino a las organizaciones ilícitas que financian las actividades de una minería ilegal que a su paso sólo deja destrucción.

Anotó que hoy lamentablemente la minería ilegal se realiza en 13 regiones del país, entre las cuales figuran Madre de Dios, Piura, La Libertad, Puno, Ica, Cusco y Arequipa.

“El Estado tiene el desafío de controlar esta ilícita actividad no sólo porque quebranta la ley sino con el fin de proteger la biodiversidad”, refirió.

En ese sentido, Arias comentó que en Tambogrande (Piura), donde años atrás se evitó la instalación de una empresa minera formal, ahora se ha convertido en un peligroso foco de la minería ilegal donde operan más de 15,000 mineros informales.

“¿Dónde están aquellos seudo defensores del medio ambiente, por qué ahora no salen a defender el valle y condenan la acción destructora de la minería ilegal en el país?”, señaló.

Dijo que la lucha contra la ilegalidad en Perú tiene que ser frontal pues, además de las operaciones militares policiales en el caso de la minería ilegal para destruir las dragas ilegales, es necesario controlar y/o cortar las fuentes de abastecimiento de insumos como el mercurio y los combustibles.

Además consideró que se debe identificar y sancionar a los acopiadores y compradores de la producción ilícita, así como a los financistas.

También destacó los esfuerzos que viene efectuando el Ministerio del Ambiente (Minam) para erradicar la minería ilegal y alentar la formalización de los mineros informales.

En ese contexto, planteó que se debe fortalecer a los gobiernos regionales con los recursos humanos y económicos suficientes para que aborden de manera eficiente la problemática de la minería ilegal, tema que les fue entregado como parte del proceso de descentralización del país.

Asimismo, exhortó a los mineros informales a que aprovechen los programas de formalización para sus actividades que el Estado viene promoviendo desde hace varios años.

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