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El Salvador

Lunes 17 de Octubre de 2016.- La compañía minera Pacific Rim Cayman (OceanaGold)  había solicitado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial, que ordenara a El Salvador pagar USD 250 millones por la pérdida de ganancias potenciales cuando el país no otorgó una licencia para la extracción de oro en la zona de El Dorado, en San Isidro Cabañas, y en otras regiones del país con potencial para la extracción de metales preciosos.

Según consignó la agencia EFE, la Ciadi en su fallo: "El tribunal ordena al demandante (Oceana Gold) pagar a los demandados (El Salvador) la suma total de ocho millones de dólares por los costos legales en los que incurrió la segunda (parte), y sin prejuicio de lo dicho el tribunal rechaza todas las demás pretensiones".

En una conferencia de prensa ofrecida en Washington, Estados Unidos, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, anunció los resultados del laudo arbitral e instó a la empresa a aceptar la decisión del tribunal.

OceanaGold se mostró "decepcionada" en un comunicado en su página web y dijo que "revisará la decisión del CIADI en detalle antes de evaluar sus próximos pasos relacionados a su filial en El Salvador".

El caso se remonta a 2009, cuando la minera canadiense Pacific Rim, adquirida en 2013 por Oceana Gold, interpuso una demanda contra El Salvador ante la Ciadi porque el país centroamericano le negó unos permisos para explotar la mina de oro El Dorado, en el departamento de Cabañas (norte de El Salvador). La minera asegura que ha perdido dinero y, por ello, en 2009 reclamó al Gobierno salvadoreño USD 77 millones, una cifra que ha ido variando, llegó a los USD 314 millones y ahora se situaba en USD 250 millones, según precisó en la rueda de prensa el abogado Luis Parada, que defendió a El Salvador.

"Esperamos que OceanaGold, dueña de este arbitraje desde 2013, acepte el resultado del litigio que ella misma escogió adquirir, y que le reembolse prontamente al Estado de El Salvador los USD 8 millones a los que fue condenada su subsidiaria (Minerales Torogoz), añadió el funcionario".

La empresa Pacific Rim comenzó en 2002 a operar en El Salvador con unos permisos oficiales, pero llegado el momento, el Gobierno salvadoreño le denegó los permisos de explotación. En El Salvador no existe una ley que prohíba la minería, pero durante años una coalición de grupos internacionales, encabezados por Oxfam, han hecho campaña contra esa actividad. Otros aspectos que surgieron en la evaluación fue que los yacimientos mineros atraían a empresas pequeñas que no cuentan con estándares de alto nivel, la debilidad de la institucionalidad en torno a la supervisión y regulación de la minería metálica y el nivel de conflicto en los territorios.

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