Sofofa preocupada por creciente judicialización de proyectos de inversión

Chile

9 de Marzo de 2012.- La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) entró de lleno a la discusión sobre los efectos del fallo judicial que afecta al proyecto termoeléctrico Castilla, el cual si es confirmado por la Corte Suprema, haría inviable la construcción de las centrales. Según el presidente de la Sofofa, Andrés Concha, el proyecto cumple a cabalidad las exigencias medioambientales y normas de emisión.

"Castilla es un proyecto que está construido conforme a las nuevas exigencias que se han impuesto en materia de normas de emisión y que, además, son compatibles con las normas de calidad del aire que existen en la región. Son proyectos plenamente compatibles con las exigencias medioambientales de nuestro país", dijo.

El martes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió los recursos presentados por ambientalistas y la comunidad de Totoral pueblo cercano a las instalaciones de la central, invalidando el cambio de carácter de "contaminante" a "molesto" realizado por el seremi de Salud de Atacama, que finalmente posibilitó que este recibiera aprobación ambiental en febrero de 2011. Anteriormente, la Corte de Apelaciones de Copiapó y la Suprema se habían pronunciado sobre el tema, dando razón a los argumentos de los opositores en la forma, pero no en el fondo.

Concha señaló que espera que la resolución judicial sea reconsiderada por la Corte Suprema, porque el proyecto es indispensable para la economía de la región, donde hay proyectos mineros que demandarán inversiones por más de US$25.000 millones que necesitan de energía para desarrollarse. "No podemos pronunciarnos porque aquí hay un fallo judicial. Sólo podemos expresar nuestro deseo de que ojalá esto sea reconsiderado por la Corte Suprema, en la convicción de que estos son proyectos que cumplen plenamente con las normas ambientales y que, además, son indispensables para poder permitir el desarrollo de la economía en la región, particularmente en la Región de Atacama, donde hay proyectos por sobre US$20.000 millones que requieren de energía para ser materializados", dijo.

El dirigente empresarial agregó que, de no contar con energía, los proyectos mineros deberán enfrentar alternativas de mayor costo para su realización o simplemente, su postergación a la espera de soluciones más económicas. "Esos proyectos tendrían que buscar fórmulas alternativas que seguramente serán de un costo mayor y eso, eventualmente, podría significar no solamente un retraso en la puesta en marcha de algunos de esos proyectos, sino que una postergación hasta que se encuentren fórmulas energéticas viables", dijo.

Castilla tiene previsto instalar centrales a carbón y diésel con una capacidad de 2.100 MW y una inversión de US$5.000 millones. Los proyectos mineros de la zona demandarían al menos 1.100 MW de energía adicionales hacia el 2015.

Concha señaló que el principal problema que enfrentan los proyectos de inversión, principalmente eléctricos, es la creciente judicialización, lo que ha duplicado los tiempos de materialización, lo que, a su juicio, no ha traído aparejado mejoras ambientales. "Se está dando una extrema judicialización. En general, el resultado neto de todo esto es que los proyectos hoy están tomando el doble de tiempo que hace años en poder materializarse, y eso no necesariamente se traduce en un desarrollo más sustentable (...). La judicialización tiene que ver con impugnaciones que a veces levantan terceras personas que muchas veces no tienen que ver con el tema ambiental", dijo.

Lucio Cuenca, Director ONG Olca: "No hay otro camino que echar abajo la resolución ambiental"
Conformes con el fallo de la Corte de Apelaciones se mostraron los representantes de la comunidad de Totoral. Aseguraron que estas no tienen intenciones de negociar con la empresa.

• ¿Los opositores al proyecto tienen interés en llegar a algún tipo de acuerdo o negociación con Castilla?
  Todos los que han querido llegar a acuerdo con Castilla lo han hecho. Algunos pescadores, la familia Domínguez. Representamos a la junta de vecinos de Totoral, la comunidad más cercana al proyecto, y otras organizaciones de la región. Nuestros representados no quieren que la planta se construya.

• ¿Qué deberían hacer los servicios públicos?
  No hay otro camino que echar abajo la Resolución de Calificación Ambiental que se le entregó a Castilla. El proyecto es contaminante y esto es incompatible con el ordenamiento territorial.

• ¿Qué espera ahora que el caso va a la Suprema?
  Estamos frente a un caso complejo. La Corte de Apelaciones de Copiapó y la Suprema ya se habían pronunciado en la forma del recurso. Ahora la corte lo hizo en el fondo. Eso deja prácticamente sin posibilidad de vuelta atrás. El fallo fue unánime y es difícil de revertir (La Tercera).

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