Gobierno boliviano advierte a minera suiza Glencore

Bolivia

5 de Mayo de 2010.- El Gobierno advirtió a la minera suiza Glencore que debe renegociar sus contratos en tres minas que operan en Bolivia, dos días después de que revirtió a esa compañía una planta procesadora de antimonio sin reconocerle una indemnización.

El ministro de Minería José Pimentel dijo en rueda de prensa que la compañía suiza hace más de un año debió cambiar su contrato de "alquiler" en tres minas de estaño a otro de "riesgo compartido" con el Estado.

"Hace más de un año Glencore no señaló la decisión de migrar su contrato de alquiler a otro de riesgo compartido, tampoco señalo las nuevas inversiones. Consideramos que no hay intereses de Glencore en continuar los contratos mineros", sostuvo el ministro.

En el 2007 el Gobierno del presidente Morales revirtió al Estado un fundidora de estaño que la empresa minera Sinchy Wayra, filial de Glencore Internacional, había comprado a otra compañía que perteneció al depuesto presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002­2003).

El Gobierno alegó que la compra de esa fundidora estatal fue irregular y por eso no reconoció indemnización. Pimentel dijo que el Estado tampoco reconocerá una compensación en el caso de la procesadora de antimonio que, según dijo, estaba parada diez años.

"El país perdió capacidad productiva y de generación de empleo", con la paralización de esa planta, dijo.

No obstante, Glencore no demandó al Estado porque según Pimentel, siguió operando con base en un contrato anterior las minas Bolívar, Colquiri y Porco, productoras de estaño.

No explicó si elEstado revertirá las minas si la suiza no adecúa su contrato. "Esa decisión está en manos del Ministerio de Defensa Legal del Estado", dijo en relación a la cartera que Morales creó para hacer frente a varios juicios que enfrenta el Estado tras la nacionalización de los hidrocarburos en 2006 y de una telefónica en 2008.

El 1 de Mayo, el mandatario nacionalizó cuatro eléctricas que generan el 80% del consumo nacional. Dos de ellas son de capitales franceses y británicos y otras dos de inversionistas nacionales.

Las autoridades indicaron que negociarán con las empresas una indemnización por sus acciones. Por el momento las empresas no indicaron si acudirán a un arbitraje (Los Tiempos).

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