La minería en tierras bajas va involucrando a las comunidades indígenas

Según sus hallazgos, actualmente el país es testigo de una nueva realidad minera que no solo se expande hacia nuevas zonas, creando nuevas regiones mineras, sino de un nuevo modelo de explotación minera que tiene como técnica principal el tajo a cielo abierto. 

La investigadora identificó en su estudio tres grandes categorías de producción en tierras bajas: a) de las grandes empresas y complejos, como la Empresa Paitití, que implementó un sistema laboral con estándares exigidos en su pares internacionales; b) de las asociaciones articuladas en torno a una empresa como el caso del cerro San Simón (Beni) de propiedad de Excalibur; y c) de los "bateadores" que acuden a los sitios que las empresas abandonan, por lo general a ocupar dragas sobre las orillas de los ríos. 

"El modelo de producción de esta nueva minería no es mejor que aquella que se desarrolla en el altiplano boliviano. Como en tiempos pasados, predominan unas cuantas grandes empresas, rodeadas de titulares de derechos a nombre de la élite local y de testaferros", aseguró Tejada. 

En el ámbito laboral la investigación advirtió un modo de producción de tipo neo-extractivismo, caracterizado por la participación del Estado, donde se busca "adormecer las capacidades de las comunidades para que no hagan ninguna resistencia, que no exijan consultas, y se vayan a constituir en socios". 

Si bien es posible que los pueblos indígenas de estas zonas se vincularan a la explotación del oro a través de las misiones, la minería no significó antes, según Tejada, una posibilidad económica, laboral o de ingresos para mejorar sus condiciones de vida. 

A pesar de ese contexto y la cosmovisión de los pueblos de tierras bajas, señala la investigadora que en Guarayos se constituye la primera cooperativa minera con indígenas del lugar y la participación de la empresa privada y el Estado a través de la Corporativa Minera de Bolivia (Comibol). Varias comunidades estarían por el mismo camino. 

En ese marco, Tejada ve necesaria la aprobación de la nueva Ley Minera con reglamentación específica para la actividad minera en tierras bajas, donde no sólo se evidenció un impacto ambiental importante por los niveles de contaminación, sino también, el cambio de la vocación productiva de varias comunidades indígenas. 

La investigadora atribuye en gran parte el fenómeno al Decreto Supremo 0726, aprobado en 2010, por el cual se determina la migración de las concesiones mineras, lo cual habría generado un vacío legal en la actividad con los consecuentes riesgos ambientales y de pérdida de vocación productiva en las tierras bajas. 

Advierte que el proyecto de ley presentado por la Federación de Cooperativistas Mineros (Fencomin) a la Asamblea Legislativa es de alto riesgo porque propone la creación de una superestructura estatal a cargo de fiscalizar la actividad minera, sin posibilidad del control social, ni ambiental de ningún otro actor. 

Minería en las provincias 

En un detalle de la situación actual de las provincias cruceñas, la investigadora muestra cómo el fenómeno minero es dinámico, pues en Guarayos se identificaron 21 concesiones mineras que abarcan 985 cuadrículas equivalentes a 24.625 hectáreas (has). La minería se asienta básicamente en el municipio de Ascensión, y es realizada de manera rudimentaria con dragas, que contaminan los afluentes. 

En la provincia Chiquitos se identificó 45 concesiones mineras que abarcan una superficie de 93.275 has. Sin embargo, las autoridades municipales y hasta originarias, no tienen conocimiento de la magnitud.

En la provincia Ñuflo de Chávez se identificó a 72 concesiones mineras por una superficie total de 32.150 has. La actividad está centralizada en el municipio de San Ramón, mientras que en la provincia Bush se tienen 3.940 concesiones por una superficie territorial de 98.500 has. 

En el departamento de Beni, se evidenció que la provincia Iténez es la más afectada por la minería, donde operan 992 concesiones en una superficie de 24.800 has.