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Chile

El presidente del directorio de la estatal refuta las objeciones de la Contraloría respecto a la empresa Hatch Ingenieros Consultores Limitada, pues la hipótesis del órgano contralor es que sus adquisiciones se hagan a través de la Ley de Compras Públicas. Dice que se hizo todo bajo el marco normativo y que no es primera vez que ocurre esta dicotomía entre normativas. Sostiene que debe solucionarse el problema de alguna manera, como por ejemplo, a través de una ley interpretativa.

Martes 16 de Mayo de 2017.- El 10 de mayo pasado la Contraloría emitió un informe de auditoría de 149 páginas, en el que detalla sus objeciones a la forma en que la empresa estatal realizó la mayoría de sus procesos de adquisiciones de bienes y servicios, los que en un 45,4% se hicieron mediante licitación privado y asignación directa en un 19,35%. Asimismo, el total de las contrataciones con empresas relacionadas se hicieron por asignación o trato directo, es decir, un 92,47% de ellas.

El órgano contralor cuestiona estas modalidades y sugiere que dichas adquisiciones se hagan mediante la Ley de Compras Públicas. Sugiere la existencia de anomalías en particular respecto del caso de las contrataciones con la empresa Hatch Ingenieros Consultores Limitada que asciende a poco más de $ 31 mil millones y cuyos antecedentes fueron enviados, incluso, al Ministerio Público.

El presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, fue consultado por este informe y cuestiona la tesis jurídica aplicada por la Contraloría, sugiriendo la promoción de una ley interpretativa para zanjar estas diferencias de criterios, así como un cambio en el modelo de gestión de la cuprífera estatal.

La Contraloría objetó las contrataciones de Codelco con la empresa Hatch Ingenieros Consultores Limitada, debido al parentesco que había entre el gerente de Proyectos de la estatal con el representante legal de la firma, Fernando Vivanco Giesen, ¿qué piensan al respecto? ¿están de acuerdo?
Es una vieja discusión que existe entre Codelco y la Contraloría General de la República que tiene que ver con qué ley aplica para este tipo de contratos. La verdad es que Codelco sí siguió los procedimientos que corresponden a la ley que lo rige, que es la Ley de Sociedades Anónimas. Contraloría tiene una hipótesis de que el marco normativo hace que nosotros deberíamos estar sujetos al tipo de controles y a los procedimientos que hay en la Ley de Compras Públicas.

Pero Fernando Vivanco, además de tener un parentesco con el gerente de proyectos, fue miembro de Codelco hasta el año 2010, ¿no hay ahí un conflicto de interés?

En este caso particular se cumplieron todos los instructivos. Efectivamente, el señor Vivanco fue gerente de proyecto en la corporación y después se fue a trabajar a Hatch. Es importante establecer que Hatch es una compañía importante en el mundo de la ingeniería, no es una cosa chica, es prestigiosa. Muchas veces hemos trabajado con esa empresa. Como existía un familiar que no tenía nada que ver con el proceso de decisión, pero existía un familiar dentro de la organización, esto se llevó al directorio y se explicó cómo las personas no habían participado del proceso de decisión. Acá no hay nada que sea diferente de los mecanismos de control. Está documentado en actas y se siguieron todas las reglas establecidas.

Pero aún con esta explicación, que ustedes evidencian en la misma auditoría, se mantienen las objeciones por parte de Contraloría, ¿qué se hace para subsanar el problema? Incluso los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público…

Desde que estoy en el directorio, regularmente, he venido alertando básicamente en el Congreso, fundamentalmente en la Comisión de Minería del Senado, que hemos ido detectando una serie de contradicciones en las normativas que rigen sobre Codelco. Básicamente la solución es mirar en forma completa el marco normativo de leyes que afecta a Codelco. Posiblemente explorando una vía legislativa como podría ser una ley interpretativa o algo por el estilo. Lo que no podemos seguir teniendo es una entidad como la Contraloría que es de la mayor importancia para el país que interpreta que cumplamos con la Ley de Compras Públicas, mientras que el directorio de Codelco cree que debe regirse por la Ley de Sociedades Anónimas. Tenemos que encontrar una solución a esto. He estado informando a todos los actores involucrados de que existe este problema y colocarme a disposición del Congreso y de la Contraloría para encontrar una solución. Esto es exactamente el mismo problema que tenemos en el anterior oficio que presentó la Contraloría, que en el fondo se está diciendo que Codelco tiene que regirse de acuerdo al estatuto administrativo que regula a los trabajadores públicos y la ley del año 2009, y de antes incluso, lo que dice que es que los trabajadores de Codelco negocian a través de la compañía mediante negociación colectiva. Entonces, de nuevo hay dos leyes que dicen cosas distintas y eso resultado de haber hecho un conjunto de leyes y reformas sin mirar las anteriores. Llegó la hora de mirar esto, de una manera más constructiva y encontrar una solución. Encuentro que la Contraloría que está actuando bajo lo que considera que es su deber y nosotros también.

A su juicio, ¿por cuál de las dos normativas debería regirse Codelco?

Lo primero es que hay que aclarar cuál. El hecho que tengamos instituciones diferentes que interpretan de diferente manera efectivamente es una anomalía que genera incertidumbre. A la compañía efectivamente le genera incertidumbre no saber cuál es la normativa que lo rige, los términos de referencia que tenemos al interior es hacer las cosas de acuerdo a la ley, pero si nos dicen en realidad no es está ley, sino otra. El directorio de Codelco no tiene postura oficial al respecto, nosotros simplemente recibimos las leyes que nos rigen y las hacemos cumplir. Yo, personalmente honestamente no conozco ninguna minera, al nivel de Codelco, a nivel internacional, que se rija a normas diferentes a las que rigen en la sociedad anónima. O sea, en el fondo Codelco debería regirse como una empresa, es decir, solo a través de las normas de sociedad anónima, eso genera que la responsabilidad de la gestión es del directorio y a los que nos tienen que responsabilizar cuando hay una mala gestión o buena gestión es al directorio. Si vamos a tener otro marco normativo en donde rigen los controles públicos, bueno, entonces no es necesario el directorio. Hay una discrepancia en el modelo de gestión, y el mejor modelo para Codelco es de empresa, como son las grandes mineras internacionales.

La Tercera

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