Ministerio Público solicita a Codelco contratos objetados por Contraloría

Chile

Se trata de vínculos contractuales por unos 31 mil millones de pesos, que son investigados por eventual negociación incompatible o fraude al fisco, pues el ente fiscalizados consideró que no se apegaron a la ley.

Viernes 26 de Mayo de 2017.- La fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente pidió a Codelco la entrega voluntaria de los contratos por $31 mil millones con uno de sus proveedores, Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, los que -según una auditoría de la Contraloría General de la República- no estuvieron apegados a la ley.

Según informa hoy El Mercurio, la situación afecta también a convenios de prestación de servicios suscritos por la cuprera con otras empresas entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, período que comprende la fiscalización.

Sobre Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, el informe indica que el representante legal de la sociedad tenía vínculos con un directivo de Codelco, sin que se comunicara de estos contratos al órgano contralor, y tampoco a la Cámara de Diputados, como lo dispone el inciso 6° del artículo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Advierte, además, que "en lo concerniente a los contratos suscritos por la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco con Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, cabe dejar establecido que al momento de la celebración existía una relación de parentesco por afinidad en segundo grado entre el señor Francisco Casas Cánepa, gerente de Proyectos de la Vicepresidencia de Proyectos, y el señor Fernando Vivanco Giesen, representante legal de esa empresa, toda vez que el primero era yerno de este último".

En el mismo documento, la cuprera da una respuesta a los cuestionamientos. "La Corporación argumenta que el señor Casas Cánepa es un ex trabajador de Vicepresidencia de Proyectos, el cual se desempeñó en Codelco desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 31 de mayo de 2011 y entre el 15 de noviembre de 2011 y el 1 de julio de 2016, y que de la revisión de cargos, funciones y dependencias en los que se desenvolvió no tuvo relación alguna con los procesos de contratación de PMCHS o de la empresa Hatch".

La auditoría completa, que incluye el análisis de una serie de contratos administrativos de bienes y prestación de servicios, fue recibida hace algunas semanas por el fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, quien designó a los fiscales de Alta Complejidad de su jurisdicción, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, para dirigir las indagaciones.

A la reciente solicitud de información hecha a Codelco se suma la citación, en calidad de testigo, de la funcionaria de la Contraloría que realizó el examen que detectó las eventuales irregularidades en los contratos. Se trata de Marta Navea, jefa de la unidad de auditorías especiales del órgano contralor, quien testificaría la próxima semana.

Criterios diversos en pugna

Tras conocerse este informe públicamente, el presidente del directorio de la estatal, Óscar Landerretche, el 18 de mayo en entrevista con este medio afirmó: "Los marcos jurídicos que rigen a Codelco son contradictorios o incompletos. La Contraloría General de la República, tengo total seguridad de que está haciendo uso de lo que ellos estiman no solo sus atribuciones, sino también su deber, de acuerdo al marco normativo que los rige y lo que se les pide que hagan".

Landerretche explicó en esa oportunidad que desde el 2009 existe una Ley de Gobierno Corporativo de Codelco para evitar que las empresas públicas no sean parte de la administración central del Estado, sino que sean administradas de manera independiente, similar a como se hace en una sociedad anónima. Sin embargo, la Contraloría entiende la administración de Codelco de una manera distinta: que por regla general la minera debe regirse por la Ley de Compras Públicas.

Esa sería la razón por la que el presidente del directorio de la estatal cree que se cuestionó el contrato con Hatch en el que -dijo- se controló un posible conflicto de interés, siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, exponiéndose la situación en el directorio.

La cuprera busca acercar posiciones con el órgano contralor, pero ayer la entidad, mediante un dictamen, respondió a una reconsideración de la estatal sobre otra materia en la que hay diferencias, su "libertad de disposición patrimonial", en relación con la ejecución de planes de retiro y las negociaciones colectivas. Y el contralor Jorge Bermúdez no cedió en su posición.

Bridec

La unidad especializada en delitos económicos de la PDI trabajará con los investigadores del Ministerio Público en las diligencias del caso.

Emol