Los conflictos crecen con la minería de Ecuador

Ecuador

18 de Abril de 2012.- La minería a gran escala se ha convertido en una creciente causa de conflictos, por los efectos sociales y ambientales. Un estudio del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) del 2011 revela que desde el 2008, Ecuador reporta 20 casos de criminalización por actos contra esta actividad.

El resultado de estos casos fue que 124 personas fueron enjuiciadas o son investigadas por obstaculizar vías, invadir tierras, terrorismo y otros. Este estudio enfatiza que campesinos y dirigentes indígenas y sociales afrontan estas acusaciones por negarse a abandonar sus tierras para actividades mineras; por acciones de protesta contra la minería a gran escala y por movilizarse contra la aprobación de la Ley Minera y el proyecto oficialista de Ley de Aguas en enero de 2009 y mayo de 2010, respectivamente.

Entre los actores de la denuncia, según el registro de casos, se hallan autoridades locales como gobernadores, alcaldes y jefes políticos, empresas mineras , etc.

“La criminalización ha sido empleada como un mecanismo de control social para intimidar, neutralizar, inhibir y hostigar cualquier tipo de conducta que cuestione (...) proyectos extractivistas”, anota este informe.

Los conflictos se concentran en Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Loja, Azuay, de tradición minera y donde se hallan los proyectos de minería a gran escala declarados como prioridad nacional por el Gobierno. Pero también se registran conflictos en otras zonas como Bolívar e Imbabura.

Para César Padilla, coordinador de Ocmal, la oposición a la minería es un fenómeno creciente no solo en Ecuador sino en la región y está relacionado con el temor de las comunidades frente a los efectos sociales y ambientales de las actividades mineras.

Al 2011, señala, existen en América Latina unos 160 casos de conflictos por minería. Países de tradición minera como Perú, Chile y Argentina son los que más casos reportan, 30,15 y 30 respectivamente. De esos, Ecuador registra cuatro, pero hay que tomar en cuenta que la minería a gran escala todavía no ha iniciado la fase de explotación.

Según un informe sobre industrias extractivas del Centro de Derechos Económicos y Sociales, en enero del 2008 tuvo lugar la primera movilización de rechazo a la minería a gran escala en el país.

Esta se dio en Morona Santiago, en el sector de San Juan Bosco, por parte de pobladores shuar que se oponían a las actividades de la empresa minera Ecuacorriente (ECSA) en la zona. Desde entonces, se han registrado tomas al campamento, retención de personal y equipos de la empresa, entre otros conflictos.

La firma, en algunos casos, ha respondido con denuncias en contra de los manifestantes. Leonardo Elizalde, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Ecsa, reconoció que han tenido conflictos en el proyecto minero San Carlos-Pananzta sobre todo por el tema de invasión de tierras. “Nuestra primera reacción siempre es el diálogo. La opción legal es secundaria para nosotros, pero si es necesaria la usamos, pero no se trata de criminalizar”. Frente a la posibilidad de conflictos socioambientales cuando inicie la operación dijo que la estrategia será información y diálogo.

Para el catedrático Paúl Cisneros, la minería a gran escala en Ecuador se inició a mediados de los 90, con las actividades de exploración inicial y avanzada, lo cual ya registró impactos socioambientales, sobre todo porque no se cumplieron adecuadamente los procesos de consulta previa.

“Las mineras seleccionan organizaciones que no siempre son las afectadas por la minería para hacer la consulta previa, esa falta de legitimidad es la que ha avivado los conflictos en muchos casos”.

Nora Fernández, coordinadora del Centro de Derechos Económicos y Sociales, comparte este criterio. Dice que los conflictos se originan en algunos casos porque no se cumple el derecho de las comunidades a ser consultadas.

Para la experta, la consulta debe buscar el consentimiento de las comunidades y ser previa. “El Estado consulta, aunque la decisión ya está tomada. Se les consulta cuando ya se está construyendo, cuando ya aprobó el proyecto y la inversión está comprometida”.

Hasta ahora lo que se ha hecho son procesos de socialización del proyecto que cumplirían con la consulta ambiental del Ministerio del Ambiente, pero no la consulta previa, dice. Cree que los conflictos socioambientales se harán más evidentes y podrían incluso intensificarse con el inicio de la explotación a gran escala.

Para Cisneros, las señales que ha dado el Gobierno frente al manejo de conflictos socioambientales no ha sido positivo. “El debate de la Ley Minera y el posterior debate de la Ley de Aguas muestra que el Gobierno no está dispuesto a llevar procesos de diálogo sistemáticos a mediano y largo plazo para llegar a acuerdos”.

Alberto Acosta, de la Flacso, prevé un aumento de la conflictividad. Cita como ejemplo que en Perú el 54% de conflictos son socioambientales, según la Defensoría del Pueblo de ese país. De esos, el 70% es minero. Hasta hace cinco años, los conflictos en esa nación eran del 46%.

Los conflictos surgen desde que se instaló la Asamblea Constituyente y se empezó a hablar de un nuevo modelo de desarrollo y el modelo del buen vivir, pero a la vez se habla de un modelo extractivista ya no solo petrolero sino también minero.

Sobre estos temas no ha existido un debate adecuado y ningún acuerdo. Ahí está la fuente de conflicto entre el Estado y diferentes sectores ambientalistas, indígenas, etc. Otra fuente de conflicto es que los proyectos están en zonas relegadas por el Estado, que hoy recién se quiere compensar y lograr cierto equilibrio. Estas poblaciones tienen sus propios modelos de desarrollo, distintos a los que tradicionalmente han querido imponer los gobiernos. Para enfrentar los conflictos, estas zonas o poblaciones deberían tener un manejo especial.

 Hace falta trabajar más los temas de ordenamiento territorial desde el Estado, para que la participación de las mineras con la población sea mínima (El Comercio).
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