Las seis claves que explican el Caso Cascada

Chile

¿Cómo se gestó? ¿Por qué se cuestiona a Julio Ponce? ¿Qué resolvió la SVS? ¿Qué tiene que ver la justicia en todo esto? El Caso Cascada viene acaparando titulares desde el año pasado y no cesa en la suma de nuevas aristas. ¿Cómo entenderlo?

Lunes 23 de Septiembre de 2013.- Si ya es difìcil entender cómo se estructuran las denominadas sociedades cascada sobre SQM, más aún es estar al tanto de un caso que envuelve a estas sociedades con un sinnúmero de actores, en el marco de una pugna de accionistas que no sólo ha trascendido al ámbito de la SVS, sino al de la justicia.

PULSO responde seis preguntas clave para entender el caso del momento y que tiene a referentes importantes del mercado doméstico atentos y a otros, derechamente involucrados.


¿CUÁL ES EL CONFLICTO?

El Caso Cascada es la pugna entre los accionistas de las sociedades Norte Grande y Oro Blanco, que son las empresas matrices de Calichera, la sociedad con la que Julio Ponce posee el 30% de SQM. Este conflicto, entre el controlador e inversionistas minoritarios -principalmente Moneda, las AFP y Consorcio, que poseen más del 11,2% y el 15,7%, respectivamente-, ha tenido acusaciones cruzadas que han llegado tanto a la SVS como al Ministerio Público.

Si bien, la cascada ha sido en varias ocasiones objeto de cuestionamientos y críticas, la actual disputa comenzó a gestarse a fines de 2011, cuando el controlador propuso aumentos de capital cuyos objetivos desconocía el resto de los accionistas. Sin embargo, la atención sobre estas sociedades creció cuando en abril de 2012, la SVS suspendió la cotización de sus acciones tras ordenar la reversión de cerca del 65% de las utilidades para el ejercicio 2011, producto de una cuestionada operación que involucró 5 millones de títulos de la serie A de SQM.

El 29 de marzo de 2011, Global Mining  -filial de Calichera- vendió este paquete accionario -valorizado en US$47 millones- al fondo Linzor Total Return por US$285 mills., a un precio de $27.100 por acción. Tres minutos después, los mismospapeles fueron comprados por Oro Blanco a $27.138. Una operación que representó el 69,9% de las ganancias de Oro Blanco y cerca del 65% de Norte Grande y Calichera; alzas que se produjeron, según los ejecutivos de la cascada, por las diferencias entre el valor libro y de mercado de las acciones en cuestión.

Estas operaciones involucraron a las corredoras de bolsa Banchile y LarrainVial.


¿QUÉ ACUSAN LOS MINORITARIOS?

Posteriormente, los accionistas minoritarios comenzaron a acusar irregularidades en la cascada, consistentes en una serie de operaciones entre partes relacionadas que les habría restado valor a las compañías.

Al celebrarse las juntas de accionistas que aprobarían los balances para el ejercicio de 2011 -efectuadas en julio del año pasado producto del retraso que generó la mencionada instrucción de la SVS-, Alejandro Bezanilla, gerente de inversiones de AFP Habitat, afirmó que diversas transacciones, efectuadas entre 2009 y 2011, se hicieron a precios distintos a los del mercado, por lo que pidió a la SVS una investigación para “aclarar si estas (operaciones) se ajustan a la legislación vigente”. Una investigación con la cual la SVS formuló cargos recientemente en contra de Ponce y otros ejecutivos, y que sigue en curso.

A su vez, Pablo Echeverría, en un seminario organizado por Moneda en junio de este año, se pronunció sobre estas inquietudes: “Lo que descubrimos en las sociedades cascadas es muy sencillo: que hay en ellas un dispositivo por el cual, sistemáticamente, resulta que las sociedades abiertas en bolsa y que tienen minoritarios consistentemente pierden dinero o ven afectado su patrimonio o hacen negocios en condiciones desfavorables, mientras que sus contrapartes a la vez, que son sociedades cerradas y ligadas la mayoría de ellas al controlador, resultan sistemáticamente beneficiadas”.

En agosto, Moneda comunicó a la SVS que las operaciones que recaen sobre la cascada entre 2009 y 2011 y que contienen “errores, inexactitudes u omisiones inexcusables”, sumaban US$6.400 millones. Los cálculos de la administradora apuntan a que sólo en 2011, las operaciones dañinas para minoritarios fueron por US$620 millones.


¿QUÉ DICE PONCE?

Julio Ponce, a través de sus abogados, ha denunciado en contra de este grupo de accionistas una “campaña orquestada” que ha perjudicado el valor de sus sociedades. “Lo denunciado es la realización de una ‘campaña’ en contra de Norte Grande y sus filiales, que ‘se ha traducido en una serie de acusaciones y cuestionamientos formulados a través de la prensa y en las juntas extraordinarias de accionistas’”, dijeron sus abogados a través de un documento al regulador en junio pasado.

Dicha campaña buscaría, según afirmó Raimundo Labarca, abogado de Julio Ponce, “obtener una fusión de las sociedades para así poder obtener un beneficio económico muy relevante, al cual no tienen derecho, a través de presiones y medidas de facto, las cuales mi cliente, por supuesto, ha rechazado de plano”.

Además, ha denunciado operaciones en acciones de la cascada por parte de sociedades personales de ejecutivos de Moneda, en momentos cuando los títulos mostraban importantes contracciones: “Resultaría particularmente grave que mientras Moneda formulaba cuestionamientos públicos y mientras bajaba el precio de las acciones, sus propios directores y/o socios hubieren aprovechado los bajos precios por la vía de comprar acciones o de venderlas antes de que siguieran bajando”, se dijo en junio pasado.


¿QUIÉNES SON LOS EJECUTIVOS INVOLUCRADOS?

Los ejecutivos de la cascada que se han visto involucrados en esta pugna son, además de Ponce, Aldo Motta, gerente general de Norte Grande y Calichera; Patricio Contesse Fica, gerente general de Potasios de Chile; y Roberto Guzmán Lyon, asesor de Ponce. Estos últimos producto de la formulación de cargos que recientemente hizo la SVS.

Ponce, en tanto, ha arremetido contra un importante número de ejecutivos. Lo hizo en julio pasado para pedir a la SVS que investigue una serie de operaciones efectuadas por 11 sociedades de inversión ligadas a 9 ejecutivos relacionados a Moneda y Consorcio, operaciones que se habrían hecho “mientras Moneda llevaba adelante su campaña de acusaciones y cuestionamientos en contra de nuestra representada”. Los ejecutivos en cuestión son, además de Echeverría, Raimundo Valenzuela y Fernando Tisné, socios de Moneda; Alfonso Duval, socio y gerente de clientes institucionales; Antonio Gil, gerente general; Alvaro Alliende, ex gerente general; Juan Bilbao, presidente de Consorcio; Patricio Parodi, gerente general de Consorcio; y Matías Correa, subgerente comercial de Consorcio.

El mismo mes pidió al regulador que cite a declarar a Ricardo Rodríguez, gerente general de Provida, y a Eduardo Vildósola, gerente general de Capital, tras ser considerados como parte de las “personas jurídicas y naturales que han ideado y liderado la campaña de hostigamiento en contra de Norte Grande y sus sociedades relacionadas”.

Antes, ya había pedido citar a declarar a José Antonio Guzmán, presidente de AFP Habitat, solicitud que se extendió para el gerente de inversiones de la AFP, Alejandro Bezanilla.


¿CÓMO HA ACTUADO LA SVS HASTA AHORA?

La SVS ha sido el receptor de una cantidad importante de diligencias por parte de minoritarios y el controlador de la cascada. Sin embargo, el martes 10 de septiembre fue un día clave.

A más de un año de que Habitat le pidiera investigar, el regulador formuló los cargos en contra de los ejecutivos de la cascada por presuntas infracciónes a la Ley de Sociedades Anónimas y de Valores. Esto, por la presunción de un esquema estructurado mediante el cual las sociedaes cascada habrían efectuado operaciones de inversión y financiamiento de acciones Oro Blanco, Calichera A y SQM-B, a precios bajo mercado y en condiciones que imponían barreras a la participación de un mayor número de inversionistas, entre otras, a las diferentes sociedades relacionadas a Julio Ponce y en menor medida a las relacionadas de Roberto Guzmán Lyon.

Los compradores, tiempo después, vendían estos papeles a precios “significativamente mayores a los que las habían comprado y en condiciones de precios que, en la mayoría de las veces, podrían ser consideradas como sobre mercado”, teniendo como contrapartes, mayoritariamente, las mismas sociedades cascada.

Ponce y compañía tienen hasta el lunes 30 de septiembre para presentar sus descargos. La sanción del regulador pueden ser monetarias hasta “revocar la autorización de existencia de la sociedad”.

El regulador fue claro en definir dichas formulaciones como el resultado de una primera etapa de investigación. Por tanto, podría darle curso a las diligencias que ha solicitado Ponce y que todavía no se han efectuado, como citaciones a declarar de ejecutivos de las AFP; o bien, encontrar otros responsables, como los directores de las sociedades cascada que estuvieron en el período en el cual se detectaron irregularidades (2009-2011).


¿QUÉ TIENE QUE VER EL MINISTERIO PÚBLICO EN ESTA PUGNA?

Investiga dos querellas. La primera presentada en septiembre del año pasado por el accionista Roberto Lobos, por el eventual delito de operaciones ficticias, producto de la cuestionada operación que detectó la SVS y que derivó en la reversión de utilidades de estas compañías.

La segunda, presentada en febrero por Ponce en contra de Moneda y todos quienes resulten responsables de haber inducido o intentado inducir información falsa al mercado. Esto, debido a que la administradora habría congelado sus operaciones en la cascada, en circunstancias de que según los representantes de Ponce no fue así.

Esta causa también fue derivada a la SVS, la cual desestimó que Moneda haya efectuado operaciones en un determinado período, razón por la cual la cascada amplió el rango de tiempo que consideró, en primera instancia, su acusación.

Ambas causas fueron derivadas recientemente a la Fiscalía Centro Norte, tras la inhabilidad que presentó la Fiscalía Regional Oriente, considerando que el fiscal de esta zona, Alberto Ayala, estuvo vinculado por más de doce años en SQM.

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