Chile

Si bien reconocen la legalidad de la paralización, condenan la tolerancia de hechos de violencia que impiden el reemplazo en la faena, pese a estar permitido por ley desde el día 15 de iniciado el movimiento.

Viernes 17 de Marzo de 2017.- Por cuarto día consecutivo los buses de contratistas de Escondida que buscaban retomar los trabajos en la planta desaladora ubicada en el sector de Coloso, en Antofagasta, no pudieron ingresar. Esto, producto de los bloqueos de caminos realizados por integrantes del sindicato N° 1, que se mantiene en huelga desde el 9 de febrero pasado.

Si bien la huelga es legal, desde el mundo gremial demandan un actuar más decidido de la autoridad para evitar hechos ilegales como los bloqueos que impiden a la minera -operada por BHP Billiton- continuar con sus proyectos de inversión y que también obstaculizan los reemplazos que permite la ley desde el día 15. La movilización suma hoy 37 jornadas.

El presidente de la Confederación de la Producción y del comercio (CPC), Alberto Salas, condenó enérgicamente los hechos de violencia. "Si bien esta huelga es legal, en los hechos están actuando en forma ilegal, con violencia, excediendo a todas luces los límites de la legalidad y ejerciendo presión indebida, bloqueando por ejemplo los accesos a otras obras que no tienen nada que ver con la faena misma de Escondida. Y ante esa violencia, lamentablemente hemos visto ausencia de la autoridad", fustigó.

Salas hizo un llamado a la responsabilidad de los propios trabajadores de la empresa, no solo de sus dirigentes sindicales, ya que "este conflicto ya está provocando serios daños a la compañía y a ellos mismos, a la Región de Antofagasta y a todo el país en su conjunto".

El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, sostuvo que los cortes de caminos son condenables y que, como gremio, también rechazaron situaciones similares ocurridas en Salvador, Los Bronces o El Peñón.

"Todo acto de violencia y matonaje en general, y en particular los que tienen lugar en negociaciones colectivas, son inaceptables, deben tener una condena general y una sanción drástica por quien corresponda. La tolerancia frente a estos hechos es extremadamente grave, es una vergüenza para el país", opinó.

Agregó que "la autoridad correspondiente debe velar por el orden público y el respeto al estado de derecho que aquí, como en los casos señalados, se ha violado de manera flagrante sin consecuencias. Esta impunidad es una señal nefasta para el país y el cuidado de la paz social. Sin una autoridad activa que vele por el orden y el respeto a nuestras reglas de convivencia nos encaminamos a una situación bien compleja".

El presidente de la Sonami, Diego Hernández, condenó el impedimento de los huelguistas para que contratistas retomen labores en los proyectos de Escondida. "Eso va contra los derechos que tienen las personas para acceder libremente a sus trabajos", señaló.

Consultado por la inacción de la fuerza pública respondió que "no me parece bien, cada uno tiene que cumplir su papel y la autoridad tiene que reestablecer el orden y, sobre todo, que la gente que no está involucrada en esto tenga el derecho a trabajar. El Estado tiene que garantizarlo".

37 días suma hoy la huelga legal del sindicato N° 1 de trabajadores de Escondida.

El Mercurio

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