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Chile

Desde la administración acusan que los procesos de licitación se han vuelto más lentos tras los cuestionamientos del órgano fiscalizador.

Viernes 09 de Junio de 2017.- Un panorama gris ven desde Codelco. Según trascendió desde la administración liderada por Nelson Pizarro, ya están sufriendo las primeras consecuencias de la controversia con Contraloría por los contratos entre personas relacionadas y los planes de egresos.

En concreto, y con el fin de proteger a los ejecutivos, se ha mandatado a la administración a reducir el ritmo de operación -no de extracción sino en procesos administrativos- con el fin de minimizar los riesgo para los ejecutivos .

Esto, explican, ya que aún no está claro bajo qué ley debe regirse la estatal al momento de contratar bienes y servicios; bajo la ley de comprar públicas o bajo la norma que rige a las sociedades anónimas.

Así, según comenta una alta fuente de la minera, el cierre de contratos se ha vuelto más lento y se estaría buscando reducir al mínimo las licitaciones privadas, optando por públicas. Esto, agregan, genera una complicación ya que las segundas suelen tardarse entre tres a cinco meses más en ser adjudicadas.

Según conocedores del proceso, la situación tendría un impacto en la producción futura de la empresa, ya que retrasaría del envío de equipamiento y servicios básicos para la construcción y operación de los yacimientos actuales de la estatal y sus proyectos estratégicos.

“Ya nadie toma decisiones”, comentan, al tiempo que agregan que hay millones en contratos paralizados o cuyas adjudicaciones se han vuelto más lentas.

A esto se suma que desde la estatal ya están divisando una problemática en el área de recursos humanos: ejecutivos estarían dejando la minera ante la incertidumbre por su marco regulatorio, al tiempo que las contrataciones también se verían afectadas.

Asimismo, genera preocupación el futuro de los ex trabajadores, ya que empresas se estarían restando de contratarlos con el fin de no ser marginados de los concursos. Y eso, explican, afectaría las contrataciones a futuro.
Auditoría

Dentro de los próximos días se espera que Deloitte revele los resultados de la auditoría externa solicitada por la mesa, con el fin de conocer los verdaderos alcances de los sobrepagos en los planes de egreso en Chuquicamata.

La investigación data de enero de 2016 y busca revisar los 850 acuerdos de retiro voluntarios desde 2013 a la fecha al interior de la división Chuquicamata. Sin embargo, al interior de Codelco advierten que tras la exhaustiva investigación los acuerdos involucrados podrían superar los mil casos. Una vez que se conozcan los resultados, fuentes al anterior la estatal no descartan acciones legales contra los responsables.

Cabe recordar que tras la revisión interna de dicho caso, la administración despidió a siete ejecutivo y a otros involucrados de manera indirecta se les aplicaron sanciones.
Junta de accionistas

Desde el directorio de la minera llamaron esta semana a a una junta extraordinaria de accionistas, con el fin de abordar junto al controlador -el Estado, personificado en el Ministro de Hacienda y Mineria- la situación bajo la cual se encuentra la minera tras los dictámenes del órgano dirigido por Jorge Bermúdez. Si bien aún no hay claridad cuándo tomará lugar, ya que dependerá de la disponibilidad de las autoridades, sí se anticipa que se realizará “pronto”.

Desde la cuprífera están confiados que el Ejecutivo continuará respaldándolos para recurrir a tribunales. Esto, con el objeto de esclarecer las atribuciones del órgano contralor; camino que anticipan será “largo”.

No obstante, fuentes cometan que aún hay confianza de que la discrepancia sea solucionada vía administrativa, es decir, de manera directa entre las parte. Sin embargo, los acercamientos previos no anticipan una salida por este medio.

En tanto, una solución legislativa, es decir, vía ley interpretativa, se vería menos probable.

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