Mineros ven con escepticismo la creación de un delegado pro inversiones

Chile

Con una cartera que en gran parte está paralizada, o por temas judiciales o por problemas con las comunidades, las mineras están potenciando cada vez más las figuras que se dedican a la gestión de las relaciones de las empresas y sus grupos de interés.

Lunes 10 de Febrero de 2014.- Hoy todas las grandes compañías tienen ejecutivos de alto nivel encargados del tema, y presupuestos anuales o plurianuales que se enfocan en desactivar los conflictos, incluso antes de que exploten.

Pero los problemas han seguido ocurriendo, por lo que cada empresa está evaluando cómo potenciar sus unidades de trabajo para poder operar sin complicaciones.

Codelco, por ejemplo, reordenó y jerarquizó su estructura de trabajo, y sus acciones más relevantes son tratadas directamente por el directorio de la compañía, en una muestra de la importancia que esta área ha tomado para la empresa.

Pero “aún falta mucho por hacer”, dice Jorge Sanhueza, gerente de Medio Ambiente y Comunidades de la estatal.

Sin estándar
Hoy en Chile no existe una estructura que permita regular y destrabar directamente los conflictos, como ocurre en otros países, como Perú, que ha optado por establecer la figura del alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, una autoridad mandatada directamente por el Presidente Humala y que ha movilizado toda la cartera de proyectos altiplánica en solo 18 meses.

Establecer una figura similar, al menos en el espíritu, podría “permitir terminar con la incertidumbre” y -dice Bernardita Fernández, gerenta de Asuntos Corporativos de Collahuasi- permitir “la articulación de un diálogo que cree un modelo relacional en que se construyan las confianzas necesarias para el largo plazo”. La ejecutiva explica que esta figura podría ser útil sobre todo en los aspectos relacionados con la implementación del Convenio 169 de la OIT, que ha terminado siendo uno de los más complejos de implementar.

“Pero no es algo que necesitemos en Chile”, dice Felipe Purcell, vicepresidente de Asuntos Corporativos de AngloAmerican. Para él, la solución puede venir, utilizando la institucionalidad que hoy existe, desde las mismas empresas, que son las afectadas por este tipo de trabas.

Jorge Sanhueza cree que el mayor involucramiento de las autoridades es necesario, pero que hay que regularlo, pues las autoridades no tienen las mismas prioridades siempre, y a veces el trabajo se complica solo por la operación de los líderes locales, principalmente en tiempo de elecciones.

Una de las ideas que rondan cuando se habla de este tema es lo lento con que el Estado ha asumido los asuntos legales que podrían complicar o destrabar inversiones.

Un caso es la implementación del convenio 169. Este lleva 6 años en plena implementación y en la dictación de reglamentos, siguiendo una ruta que en la minería califican como errática, pues no solo ha tenido muchas acciones de “prueba y error” -como explica un ejecutivo de una gran minera enfrascada en este tema-, sino que la división a cargo de esto en el gobierno ha pasado de una cartera a otra.

Al principio fue la Oficina de Asuntos Indígenas del gobierno, que partió en la Segpres y que hoy está en el Mideplan.

Esta lentitud del Ejecutivo ya ha sido advertida por las figuras de la minería, y Pauline de Vidts, ejecutiva de SQM que preside el Comité de Asuntos Indígenas y Comunidad de la Sonami, resume en que hoy, desde el Estado, se han generado varias áreas de incertidumbre en donde han sido las mismas empresas las que han debido salir a buscar certezas, en un trabajo directo con las comunidades, “pero que nunca va a ser suficiente cuando existen ámbitos sin resolver”.

Por esto es que el trabajo con las comunidades en nuestro país se ha hecho de manera individual. Existen protocolos internacionales que siguen las grandes compañías, pero en general las acciones son un constante descubrimiento enfocado a evitar cualquier tipo de conflicto o involucramiento de las autoridades, pues todo podría volverse en contra de los proyectos en desarrollo.

Jorge Sanhueza, de Codelco, explica este fenómeno como “innovación”, la que permite realizar este trabajo haciendo camino al andar.

La estatal, por sobre todo, ha debido innovar en cómo llegar a las comunidades, pensando en que esta compañía no puede hacer donaciones directas.

En AngloAmerican, cuenta Felipe Purcell, el foco está en la educación, mientras que otras mineras han buscado potenciar el emprendimiento y el trabajo colaborativo.

Hoy, la tendencia es formar “socios”, dejando atrás el asistencialismo que antes existía en el sector. En Collahuasi, el foco está en “hacerse cargo”, explica Bernardita Fernández, siguiendo los principios del Consejo Internacional de Minería y Metales, del Pacto Global y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero todo de manera casi artesanal, caso a caso.

Como no hay soluciones desde el Estado, las iniciativas por parte del mundo privado han venido de los gremios. A la comisión formada por la Sonami se suma -explica el presidente de la Aprimin, Andrés Aguirre- el desarrollo en esa entidad de una comisión que se dedique a explorar la innovación en temas de sustentabilidad, para trabajar mano a mano con las mineras.

“Nosotros como gremio nos creamos para ser una industria más atractiva para todos, y en ese sentido nos preocupamos de que la competitividad sea buena, que la formación de personas sea buena. Todos esto para que los proyectos terminen operando como corresponde y cumpliendo con los plazos, porque si los proyectos terminan no haciéndose acá, van a terminar haciéndose en África o en otras partes”, dice Aguirre.

El Mercurio