SEA, nuevo reglamento deja fuera dos tercios de los proyectos

Chile

Cambios en los procedimientos de la evaluación ambiental no han sido aún incorporados por las empresas titulares de proyectos de inversión, lo que ha provocado que apenas ocho iniciativas hayan sido aceptadas en casi dos meses.

Miércoles 12 de Febrero de 2014.- La entrada en vigencia del nuevo reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y los cambios introducidos a los mecanismos de gestión y tramitación de proyectos de inversión, han afectado fuertemente a las empresas que desarrollan estas iniciativas.

De acuerdo con el listado de proyectos enviados a tramitación ambiental por parte de los titulares al SEA desde el 24 de diciembre pasado, la fecha en la que entró en vigencia el nuevo texto, de las 67 iniciativas recepcionadas 42 no han sido acogidas a tramitación.

Esta cifra equivale al 63% del total. Pero eso no es todo.

Ello, porque otras 11 iniciativas han sido desistidas por parte del titular, mientras que otras seis permanecen a la espera de conocer si son o no acogidas por el SEA.

De esta manera, apenas ocho proyectos han sido acogidos a tramitación, lo que equivale al 12% del total de iniciativas remitidas al servicio público.

En términos de monto, los proyectos no acogidos suman US$868 millones, el 72% de los US$1.209 millones del total de iniciativas recepcionadas. Aquellos que siguen en calificación llegan a US$162 millones, el 13,4%.

¿Qué es lo que ocurre? Desde el Ejecutivo plantean que el reglamento ha establecido nuevas exigencias, lo que obliga a los titulares a efectuar cambios en sus declaraciones o estudios de impacto ambiental, trámite que no ha sido cumplido por la totalidad de las empresas que han remitido iniciativas al SEA.

Esto es refrendado al revisar los expedientes de los proyectos no acogidos.

Una de las empresas más afectadas por estas decisiones es Enel Green Power, la filial de inversiones en energías renovables del grupo Enel fuera de Italia, y que ha presentado dos iniciativas que no fueron acogidas: los parques eólicos Los Buenos Aires y Mulchén (ambos en la región del Biobío, con una potencia instalada de 39,6 MW y 89,1 MW respectivamente).

En el recurso de inadmisibilidad, la dirección del SEA puntualizó que se trata de proyectos que carecen de información clave para una correcta evaluación, por lo que el titular, en caso de que quiera retomar la iniciativa, deberá corregir estos puntos y modificar la información presentada.

PERÍODO DE TRANSICIÓN

El director (s) del Servicio de Evaluación Ambiental, Edesio Carrasco, comenta que el gobierno espera que esta situación se corrija, pues se entiende que se trata de fenómeno ocasionado por la transición entre un sistema y otro y, por ende, de una situación puntual.

"Efectivamente, las exigencias contempladas en el nuevo reglamento han elevado los estándares para la presentación de declaraciones de impacto ambiental (DIA) y estudios de impacto ambiental (EIA). Por lo tanto, el hecho de que algunos proyectos o actividades no hayan sido admitidos a trámite, obedece a razones que, en general, se explican debido a la ausencia de información que se requiere para evaluar adecuadamente estas iniciativas", plantea Carrasco.

El funcionario de gobierno agrega que "esperamos que esta situación no se extienda mayormente, pero entendemos que estamos en un período de ajuste y por tanto la situación debiese normalizarse prontamente. En ese sentido, las puertas del SEA están y han estado, siempre abiertas para aclarar dudas o consultas respecto al nuevo reglamento de operación del Servicio de Evaluación Ambiental".

Esta situación contrasta con lo ocurrido con los 106 proyectos ingresados el día 23 de diciembre pasado, último día antes de la entrada en vigencia del reglamento del SEA. Del total, apenas 8 no fueron acogidos a tramitación, mientras que 91 (el 86% del total) ya están en calificación. En términos de montos, de los US$5.412 millones en proyectos sometidos al escrutinio de la autoridad ambiental US$4.909 millones (el 90,7% del total) fueron acogidos a tramitación, mientras que los no acogidos suman US$490 millones (9%).

Precisamente, esta notoria diferencia -reflejada en las mayores exigencias para los proyectos de inversión- fue lo que querían evitarse los titulares de los proyectos al ingresar en masa proyectos el día 23 de diciembre, pues las 106 iniciativas recibidas durante esa jornada superó largamente las 4 que normalmente pasan por ventanilla.

Ese día, el gobierno ya preveía que estas mayores exigencias iban a derivar en mayores demoras y trabas para los procesos de tramitación.

"Hay que recordar que el nuevo reglamento eleva los estándares de la información que deben entregar los titulares y es mucho más exigente que el anterior, además de tener ciertos mecanismos que evitan que algunos proyectos que presentan deficiencias  prolonguen su tramitación en el sistema (...) Probablemente las consultoras y los titulares de proyectos querían que sus iniciativas se evaluaran con el reglamento antiguo. Esto puede deberse a que era un cuerpo normativo que conocían y con el que se sentían más cómodos" explicó ese día Ricardo Irarrázabal, el director ejecutivo titular del Servicio de Evaluación Ambiental.

El abogado de Larraín y Asociados, Álvaro Sapag, plantea que es normal en un proceso de transición como este que haya algunas demoras, y que el hecho de que no se acoja un proyecto no quiere decir que aquel adolezca de antecedentes.

MAYOR FLUIDEZ

Respecto del reglamento del SEA, La idea de estas mayores exigencias es que una vez que las empresas se adapten al nuevo sistema, sea más fácil para los servicios públicos con competencia en los procesos de evaluación ambiental conocer y analizar los impactos de los proyectos, de manera de avanzar con mayor velocidad en el período de calificación.

Así lo señaló el SEA cuando presentó el ordenamiento. "El nuevo reglamento permite a las empresas definir con mayor claridad el nivel de impacto de sus iniciativas y saber por anticipado si hay un nivel de afectación a pueblos indígenas. El nuevo estatuto también permite al SEA volver a foja cero los proyectos, y poner término por anticipado a la tramitación a través de un recurso llamado IRE".

"Ahora exigiremos mayor información sobre el proyecto desde un comienzo. Además, ahora existe una figura que es el término del procedimiento y la devolución de antecedentes si es que no hay información relevante y esencial", agregó entonces Irarrázaval.

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