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Perú
Miércoles 31 de Julio de 2013.- El XII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en Perú divulgado la semana pasada reveló que el 21% del territorio peruano, o 26 millones de hectáreas, están concedidas a la explotación minera. Para llegar a esta conclusión, cinco regiones fueron monitoreadas: Apurímac, Cusco, Cajamarca, Piura y Junín. Éste es el sexto año consecutivo que las organizaciones Grufides, CooperAcción y Fedepaz publican los resultados de los monitoreos semestrales de conflictos mineros en el país.
De las cinco zonas monitoreadas, Apurímac es la que tiene la mayor área concedida para la explotación minera (64,8%) revelando así un aumento del 6% en las concesiones en relación al año pasado. En esta zona, la provincia de Cotabambas está casi totalmente tomada por la minería, con el 97,83% de su área concedida al sector que ha demostrado cada vez más interés en la explotación de minerales.
En seguida, aparece la región de Cajamarca, donde está ubicado el proyecto Conga y zona conocida por los conflictos entre empresas mineras e indígenas, con el 44,8% de su territorio concedido a la minería. El 90,17% del distrito de Bambamarca también están destinados a estas actividades. Al contrario de lo que se pensaba, el informe revela que el proyecto Conga continúa en desarrollo con la construcción del reservorio Caillaguón.
En tercer lugar viene la región de Piura, que tiene el 31% del su territorio ocupado por empresas mineras. En Piura, la reactivación del proyecto Tambograde puede reactivar también la actividad extractiva. El 26,9% de la zona de Junín está concedida a la explotación minera, con destaque para la provincia de Morococha que detenta el 69,92% de las concesiones.
De todas las regiones, Cusco presentó el menor porcentaje (23%) de territorio concedido. La concentración de las actividades mineras en esta zona es en la provincia de Chumbivilcas. Un informativo del Ministerio del Ambiente comprueba que existe contaminación asociada a la actividad minera Xstrata Tintaya en la provincia de Espinar. El 100% de los habitantes de la región están expuestos a la presencia de metales.
Además de mostrar la toma del país por parte de la minería, el informe también demostró que la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas no ha sido obedecida, a pesar de regir desde hace casi dos años, facilitando así los conflictos que ocurrieron, principalmente, en Cajamarca y Apurímac. Debido a la expansión de las inversiones del gobierno en el sector minero, la previsión es que los conflictos entre empresas mineras y pueblos nativos continúen. En mayo de este año se registraron más de 200 conflictos vinculados al medio ambiente, minería e hidrocarburos.
El último lunes (22), cuando se celebró el Día Mundial Contra la Minería, pueblos de todo el planeta realizaron una Jornada Internacional de Resistencia con el objetivo de protestar contra la actividad minera contaminante que se apropia y contamina el agua e invade territorios violando derechos de las poblaciones locales.
Adital.com.br/
