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Perú

La Defensoría del Pueblo emitió un informe donde solicita al Gobierno, encabezado por el presidente Ollanta Humala, que "fortalezca su accionar" contra la actividad

Jueves 07 de Febrero de 2013.- La Defensoría del Pueblo de Perú emitió un comunicado tras supervisar 27 dependencias oficiales que actúan bajo la órbita de la Ley Nº 28.815, una normativa que persigue la regulación de la extracción ilegal de minerales.

Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo, precisó que de un total de 135 obligaciones supervisadas, 64 se encuentran con avances, 22 en coordinación, 22 sin avances y respecto a las 27 restantes no se recibió información.

"La minería ilegal contraviene frontalmente las leyes y el Estado de Derecho y su ilegalidad es causa de enormes perjuicios para la vida, la integridad, la salud de las personas, para el medio ambiente, el mercado, la economía y la propia institucionalidad del Estado”, indicó el funcionario. Quien agregó que, por ejemplo, "en Madre de Dios se han perdido, para siempre vidas humanas, bosques, tierras y ríos":

Respecto a la investigación realizada sobre la gestión de Ollanta Humala, dijo: "El balance no es desalentador. Sin embargo, invocamos a las autoridades, organizaciones y población en general, a contribuir en la consolidación del ordenamiento de la minería informal y la erradicación definitiva de la minería ilegal que tanto daño ambiental, social y económico hace a nuestro país".

La defensora adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Alicia Abanto reiteró la necesidad de que "el Estado fortalezca su accionar contra la minería informal e ilegal en el marco de una actuación coordinada, planificada y sostenida en el tiempo, que garantice el cumplimiento de los objetivos establecidos en materia de formalización, remediación, interdicción y persecución de la minería ilegal".

Infobae.com

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