¿Se debe cobrar por la tramitación ambiental? Se abre el debate

Chile

El sistema procesó casi 1.400 proyectos el año pasado, considerando declaraciones y estudios de impacto ambiental, asociados a US$62 mil millones de inversión. Sin embargo, de este total apenas una fracción efectivamente se concreta, lo que ha llevado a algunos expertos a pensar en la idea de cobrar por el proceso o perfeccionar la caducidad de las RCA.

Miércoles 20 de Febrero de 2013.- El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no tiene entre sus objetivos ser un barómetro de la inversión en Chile, pero en la práctica lo está siendo. En 2012 se tramitaron 1.386 proyectos, con una inversión que superó los US$62 mil millones. Ambas cifras históricas.

Pero además, el SEIA es un generador de valor, pues un proyecto con autorización ambiental (RCA) comparado con otro que no la tiene se valora en otros términos. Sustancialmente diferentes.

La discusión que se está dando, por ahora en forma tímida al interior del gobierno, el Congreso y el ámbito legal, es sobre si se está generando, en parte, un abuso de titulares que, conscientes de la generación de valor que otorga una RCA tramitan proyectos con el fin de venderlos a terceros.

Hay quienes plantean que se pueden generar cobros, establecer patentes similares a lo que ocurre con los derechos de agua (en los que quien no hace uso del agua debe pagar por el no aprovechamiento) o derechamente obligar a los titulares a financiar la tramitación.

Esto se mezcla con otra inquietud: la capacidad del sistema para tramitar todas las declaraciones y estudios que ingresan anualmente. Por ahora se podría decir que sí da abasto. Considerando sólo las declaraciones de impacto ambiental (DIA), en 2012 el 90% de ellas fue tramitado entre 0 y 90 días, es decir, dentro del plazo establecido (aunque ampliado).

Pero parte importante de ese monto y de esa cantidad de DIA y EIA tramitados por parte de la autoridad ambiental nunca se concreta. En el caso de los proyectos de energías renovables no convencionales, la cartera de iniciativas aprobadas y que aún no comienza sus obras ya llega a 10.000 MW, mientras que las que están en construcción suman apenas 395 MW.

Esto supone un costo importante para el sector público, que si bien no se encarga de elaborar los estudios o declaraciones de impacto ambiental (estas son de cargo del titular), gasta recursos en la tramitación y aprobación o rechazo del estudio. Una fuente del sector eléctrico plantea que el sistema podría ser mucho más expedito si es que todos estos proyectos que el titular sabe que no va a ser capaz de construir (porque no tiene recursos ni la capacidad técnica) no fueran tramitados ni ocuparan recursos públicos que son limitados.

Para el abogado Jerónimo Carcelén, socio de Carcelén y Cía. Abogados y experto en temas de recursos naturales, la intención de este tipo de titulares de proyectos no es especular, pero reconoce que existe generación de valor gracias al accionar del Estado con la aprobación de una iniciativa de inversión.

“No podría decir que la intención inicial (de estos titulares) es especular, pero evidentemente que un proyecto se valoriza al tener su RCA aprobada. Esto no sólo ocurre en la industria de la energía, también en la minería, en la acuicultura, en el sector inmobiliario”, explica.

Carcelén opina que, en la práctica, existen empresas que una vez que obtienen una RCA venden sus proyectos a terceros, y son los nuevos dueños los que deben hacerse cargo de cumplir con los compromisos ambientales. “Incluso el Ministerio de Obras Públicas tramita resoluciones de calificación ambiental de los proyectos de infraestructura que posteriormente son objeto de una concesión de obra pública”, agrega.

Ejemplo de esto último es el proyecto de remodelación del Aeropuerto de Santiago, hecha por el MOP pero que va a desarrollar un concesionario, o la central a gas natural Luz Minera, ingresada al SEA el lunes por parte de Codelco, sobre la cual la minera estatal informó explícitamente que no lo construirá. La corporación tiene un antecedente: en 2010 tramitó la central a carbón Energía Minera, en Ventanas, y consiguió la autorización ambiental. El objetivo de esta tramitación no era construir el proyecto (que es para lo que está diseñada la institucionalidad ambiental), si no que para ofrecerla a su futuro proveedor de energía, rol que recayó en Colbún, que la desechó.

Según el ex director de la Conama y abogado de Larraín y Cía., Álvaro Sapag, esta situación ya fue en parte resuelta por la ley N° 20.417, al establecer la caducidad de las RCA. Es decir, que los proyectos que no se construyen en un determinado plazo deben rehacer el proceso.

“Esto ya fue abordado por la ley al establecer el periodo de caducidad de las RCA. El tema está en que el reglamento como esta propuesto deja a la RCA que señale cuales obras suspenderán el plazo de caducidad (...). El Estado, al tener la carga de preservar la naturaleza y el patrimonio ambiental, debe asumir un costo y mover la capacidad del Estado para analizar los estudios”, explica Sapag.

“A mi juicio, el modelo con el plazo de caducidad bien aplicado es suficiente. Otro tema que incide en los costos para el Estado es la cantidad de preguntas irrelevantes ambientalmente que dilatan la tramitación”, agrega el ex Conama.

“No es especulación desde que tú gastas millones en los estudios. Sí es especulación cuando es la pura idea”, agrega José Miguel Hernández, socio de Fermandois, Evans & Cía.

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