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Chile

Lunes 23 de Septiembre de 2013.- Sólo detalles faltan para que representes indígenas presenten un requerimiento ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La idea es solicitar la intervención del organismo, luego que la Mesa de Consenso por el Convenio 169 -en la que participaron representantes del Ejecutivo y de los pueblos originarios- no lograra un pleno consenso en su hoja de ruta.

Esta instancia, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social, buscaba definir una fórmula de consulta a los pueblos originarios y así disminuir al máximo cualquier posiblidad de judicializar proyectos de inversión.

¿Su resultado? Tras cinco meses de trabajo, que culminaron a fines de julio, esta instancia no alcanzó acuerdo en tres artículos esenciales para los indígenas relacionados principalmente con la afectación directa de los proyectos (cómo es afectada la comunidad ya sea por tierra, mar o aire, como piden los pueblos originarios), cuáles serán las medidas a ser consultadas y el tipo de proyecto que debe someterse a los requerimientos de los indígenas.

Ante ese escenario, los representantes de las comunidades ya preparan una ofensiva internacional y a más tardar la segunda semana de octubre exigirán al Comité de Expertos de la OIT, en Ginebra, un pronunciamiento frente a las respuestas recibidas de parte del Ejecutivo.

“Queremos que se cuestione la propuesta del gobierno para estos artículos, pero no sabemos si vendrán cambios”, dice Marcial Colín Lincolao, presidente de la Comisión de Consulta del Consejo Nacional de la Conadi.

Los pueblos originarios  buscan que todos los proyectos sean consensuados con anticipación, independiente de si la iniciativa debe presentarse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

“Si la OIT se pronuncia con respecto al Convenio 169 y a la propuesta que nos ha hecho el gobierno, para nosotros será una ganancia, porque puede decir qué le falta”, agrega Colín Lincolao.

Misma opinión tiene Ana María Llao, representante mapuche: “No hubo consenso en los tres temas fundamentales del Convenio 169. No estuve de acuerdo con ese informe final, incluso el ministro (Bruno Baranda)  aseguró que se había avanzado en 100% sobre el acuerdo, y sólo se avanzó en la mitad”.


LO QUE VIENE

Las comunidades se abocarán a buscar elementos que fortalezcan su postura frente al ente internacional. La idea es llegar a la reunión de la primera semana de octubre con los representantes del Ejecutivo con un borrador, y que los puntos en disputa se introduzcan en el Decreto Supremo que presentaría el presidente de la República y que debe ser visado por la Contraloría.

“Esa será la última instancia, porque recién ahí veremos si el texto irá a la Contraloría”, remata Colín Lincolao, quien lideró la mesa de parte de los indígenas.

No obstante, desde el gobierno restan dramatismo a los anuncios. “No necesariamente se iba a llegar a un acuerdo en todos los puntos. La mesa se cerró sin esos puntos acordados, lo cual no le quita validez al proceso. El Convenio establece que tiene que haber un diálogo y si no se logra acordar todos los puntos, el diálogo existió y existió de buena fe, que era lo importante”, dice la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.

La situación se torna compleja, considerando que un grupo de parlamentarios de oposición solicitaron al Tribunal Constitucional (TC) que se declare inconstitucional el reglamento del SEIA que fue publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto, pues violaría la garantía constitucional que establece la igualdad ante la ley, en el caso del Tïtulo V, en particular lo relacionado con la consulta indígena. También estaría en contra de la ley lo relacionado con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la preservación de la naturaleza, la protección del medio ambiente y la conservación del patrimonio ambiental.

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