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Chile

Proyecto Andina 244 de Codelco modificará sus tiempos para adaptarse a un eventual juicio tras lograr su aprobación. Expertos ven necesario acomodarse al escenario, pero creen que la solución es fortalecer y modernizar la institucionalidad ambiental.

Lunes 30 de Septiembre de 2013.- A fines de agosto, la ONG Greenpeace presentó un recurso de nulidad contra el proyecto Andina 244 ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en el marco del proceso de revisión de la iniciativa.

La intención de los ambientalistas era invalidar todo el proceso y obligar a Codelco a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental.

Y si bien la autoridad rechazó tajantemente esa solicitud, para Codelco fue un aviso: el hecho de ser una empresa estatal no la salvará de la creciente amenaza de judicialización de proyectos de inversión.

Por ello, los ejecutivos de la cuprífera estatal determinaron que en su cronograma de proyecto se hacía indispensable agregar uno o incluso dos años para enfrentar una amenaza judicial.

De la misma manera, en la industria plantean que otras empresas mineras también han modificado sus proyecciones de plazos para la concreción de sus iniciativas para ajustarse al nuevo escenario, el que ya enfrentan otros proyectos (ver recuadro), a lo que se suman distintos factores que inciden en el cambio de fechas.

Lo que se plantea es que, analizando lo ocurrido por ejemplo con el proyecto El Morro, y en otras áreas como la energía, el tiempo que toma resolver conflictos judiciales es cercano a los dos años. Eso afecta la etapa de obtención de permisos y es necesario considerarlo a la hora de establecer un calendario.

En el caso de Andina 244, proyecto que demandará US$6.772 millones a Codelco, el plazo estimado para su concreción hoy es sólo referencial y de hecho se ajustó en la última presentación oficial de la compañía, pasando de una puesta en marcha en 2019 a 2021.

Eso sí, en el caso de Andina 244 se suma otro factor clave para la concreción del proyecto, que es la incertidumbre sobre el financiamiento del proyecto.

UNA BUENA IDEA
“Creo que en este momento puede ser una buena medida considerar en el plan de implementación un tiempo adicional para eventualidades de este tipo. Sin embargo, es una situación que complica la competitividad de nuestro país ya que incorpora un elemento adicional que repercute negativamente en la rentabilidad del proyecto”, plantea el ex ministro de Minería y director del programa minero de la Universidad Central, Santiago González.

El ex secretario de Estado agrega que, según su visión, la revaluación que se está llevando a cabo en muchos proyectos “es producto principalmente de los aumentos de costos que hemos visto en los últimos años y en el caso especial de Chile el aumento del costo energético”.

Distinta es la percepción del académico del centro de Minería de la Universidad Católica, Gustavo Lagos. “En mi opinión, la demora en aprobación de proyectos es un problema en si, independiente de la judicialización. Si hay judicialización es aún mayor. Yo creo que Andina ha retrasado su timeline debido a atrasos en el proyecto al mismo tiempo que por una potencial demora en la aprobación del EIA” , plantea, y añade que el retraso de proyectos por temas internos es un fenómeno generalizado y no solo se da en Codelco.

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