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Chile

A un año del salvamento de los 33 trabajadores del yacimiento de cobre.

13 de Octubre de 2011.- A un año de que fueron rescatados los 33 mineros del yacimiento de cobre San José, el litigio por los costos de la Operación San Lorenzo podría llegar a su fin. Ello, luego de que la minera San Esteban acordara pagar US$ 5 millones al Fisco.

El 5 de agosto de 2010, mientras se realizaban faenas al interior del yacimiento ocurrió un gran derrumbe que dejó atrapado al grupo de trabajadores. Ese mismo día se inició una operación de rescate que fue dirigida con éxito por el entonces ministro de Minería, Laurence Golborne.

En pocas jornadas el lugar se llenó de familiares de los mineros y se levantó el Campamento Esperanza, centro de operaciones del rescate. Con la ayuda de Codelco y empresas que prestaron colaboración en las faenas de perforación y encamisado de los ductos, el 22 de agosto se logró el contacto con los obreros. Casi dos meses después, la cápsula Fénix 2 logró sacarlos desde los 700 metros de profundidad donde se encontraban.

El costo total de la Operación San Lorenzo alcanzó los US$ 22 millones y el gobierno le pidió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que demandara a la sociedad minera dirigida por Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny para paliar los gastos.

El acuerdo

En la última reunión de acreedores del proceso de quiebra de la minera San Esteban, la síndico María Loreto Reid informó que el CDE autorizó un acuerdo reparatorio por los costos del salvataje.

Según el documento, de fecha 27 de septiembre, la sociedad deberá desembolsar a favor del Fisco US$ 5 millones ($ 2.560.000.000) para dar término al juicio.

El litigio partió el 3 de noviembre de 2010. El Sexto Juzgado Civil de Santiago dio curso a una demanda presentada por el CDE en contra de minera San Esteban por un total de US$ 10,3 millones ($ 5.323.244.108).

La suma se calculó considerando el uso de las perforadoras, los tubos de encamisado encargados a Argentina, equipos de comunicación, repuestos para los taladros, etc.

La demanda no incluyó las facturas a privados que cooperaron con Codelco en la operación de salvamento. De hecho, el acuerdo cubre un 25% de los costos de los trabajos, las maquinarias y la logística desplegada durante 70 días en el Campamento Esperanza.

A medida que avanzaba el juicio, el abogado de la minera, Hernán Tuane, solicitó al tribunal que se detallaran, punto por punto, los costos de la operación. Ello, debido a que, según aseguró, el Estado "estaba obligado por ley a ejecutar el rescate con el menor coste posible" y " que "en su gestión debió obrar con prudencia y racionalidad (...), cuidado que los hombres emplean en sus negocios".

Las negociaciones continuaron adelante y, finalmente, tomando en cuenta la poca liquidez de la empresa, que estaba pasando por un proceso de quiebra y para obtener una rápida solución del conflicto, se rebajó la suma de US$ 10,3 a US$ 5 millones.

Incluso, según indicó ayer la síndico María Loreto Ried, el Ministerio del Interior también participó de este acuerdo (ver nota aparte).

Pero esta no es la única demanda en que está involucrado el Fisco. En julio, 31 de los 33 mineros presentaron una demanda por daños y perjuicios que les generó el accidente en contra del Estado por un total de $ 7.750 millones.

Finiquitos

Otro de los puntos que se zanjaron fue el pago de los finiquitos a los trabajadores, entre los cuales hay 19 de los mineros rescatados. En total se desembolsó $ 502 millones de pesos gracias a una préstamo entregado por Enami.

Actualmente, soló falta que sean pagados los finiquitos de los mineros con licencia médica y los de los dueños de la mina, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny (LT).

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