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Chile

El titular de Energía entregó hoy al presidente el informe con recomendaciones para el desarrollo del sector eléctrico.

16 de Noviembre de 2011.- Para que el actual sistema de formación de competencias laborales efectivamente eleve la productividad, empleabilidad y los ingresos de la fuerza de trabajo, requiere cambios sustanciales. Así de concluyente es el informe que entregará mañana la comisión de expertos, convocada en marzo por el Ministerio del Trabajo para analizar la efectividad de los programas financiados por el Estado y bajo la tutela del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). La instancia estuvo presidida por el economista del PNUD Osvaldo Larrañaga.

"En un país como Chile, que tiene deficiencias serias en su sistema educacional, donde muchas personas no han salido con las competencias requeridas para incorporarse al mercado laboral, la política de capacitación es crucial. El sistema de capacitaciones debería mejorar esa falencia, pero tal como está funcionando hoy está lejos de cubrir esa necesidad", critica Larrañaga.

Culminada la revisión, el presidente de la comisión asegura que la mayor parte de sus programas "no pasó el test en equidad, eficiencia y eficacia", porque el grueso de los recursos públicos beneficia a trabajadores de ingresos altos, con más años de escolaridad, que "no son los sectores que el Estado tendría que subsidiar".

Como el ejemplo más patente de dicha falencia se menciona la franquicia tributaria. Dicha exención por capacitación representa 80% de los US$ 400 millones del gasto público en formación de competencias laborales. La recomendación de los expertos fue categórica: descontinuarla gradualmente y reasignar esos recursos a otro instrumento. No hay evidencia de que conlleve aumentos salariales o de productividad.

"En un nuevo diseño institucional, las políticas de fomento productivo deberían asignarse exclusivamente a organismos públicos, cuyo mandato sea mejorar la productividad de las empresas", dicta el informe. Larrañaga precisa que se requiere fortalecer la institucionalidad, para que el Sence pueda cumplir a cabalidad su rol de entidad rectora y supervisora del sistema.

Otros resultados
Las políticas de capacitación vigentes en Chile se dividen en dos categorías: la franquicia tributaria y los programas de formación de oficios. Según la comisión, este segundo grupo ­cuya gestión y supervigilancia depende directamente del Sence­ cubre al 3% de la población potencial objetiva, "tasa muy inferior a la requerida si se quisiera cerrar la brecha de competencias laborales en ese grupo".

Otro de los programas dirigidos a ese sector etario, el Jóvenes Bicentenario, logró graduar sólo a 16% de los seleccionados, situación que, a juicio de los expertos, contrarresta las ganancias en ingresos y empleabilidad de la fracción egresada.

Tampoco hay "evidencia confiable" sobre el resultado de los programas Nacional de Becas y Mujeres Jefas de Hogar, lo que es atribuido a que no cuenta con acciones técnicamente bien realizadas y/o porque el Sence no ha generado los sistemas para poder analizarlo. "Esta situación es poco aceptable, porque equivale a conducir una política pública a ciegas", dice el informe. En esta misma línea, se constata que la evaluación ha estado largamente ausente.

El informe también da cuenta de los dos programas de empleo indirecto administrados por el Sence: el subsidio al empleo joven y la bonificación a la contratación de la mano de obra. "El primero presenta una cobertura bastante baja, que podría estar asociado a problemas en la difusión del programa y/o de indefinición de su cobertura". Antecedentes preliminares muestran efectos relativamente bajos sobre empleo y salarios y la segunda iniciativa no ha generado ganancias duraderas en empleo (LT).

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