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Chile

1 de Septiembre de 2011.- La propuesta de cambiar normas que reservan el 10% de los ingresos de cobre a las fuerzas armadas implica grandes cambios para el financiamiento de defensa.

Chile tiene una de las fuerzas armadas más modernas y mejor equipadas de América Latina, gracias en gran parte al dinero transferido de las ventas de cobre del país. Esto podría cambiar, sin embargo, si un proyecto de ley presidencial para reformar la Ley Reservada del Cobre es aprobado por el Congreso este año. Pero la oposición a la reforma, incluyendo la laboral, podría causar retrasos.

En mayo de 2011, el presidente Sebastián Piñera presentó al Congreso una propuesta de reforma que acabaría con este extraordinario mecanismo de financiamiento militar. Si pasa, todo el presupuesto de defensa se determinaría a través de los canales normales de presupuesto del Congreso.

Entre 2006 y 2010, Chile fue el mayor importador de armas de América Latina, de acuerdo con el instituto de investigación sueco SIPRI. Este enorme poder adquisitivo es el resultado de la generosa ley del cobre del país. Como está escrita, esta ley destina 10% de las ventas del conglomerado cuprífero estatal, Codelco, a las fuerzas armadas para compras de equipos y mantenimiento.

Tiempos de bonanza

La empresa estatal chilena es la minera de cobre más grande del mundo, con las mayores reservas internacionales. En los últimos años, Codelco se ha beneficiado de los altos precios internacionales de cobre debido a una demanda china aparentemente insaciable. El precio del cobre, que se situó en menos de US$ 2.000 una tonelada en 2001, se disparó a más de US$ 10.000 por tonelada este año, pero desde entonces ha caído a unos US$ 9.100 por tonelada debido a temores a otra desaceleración mundial. Codelco informó ventas por US$ 16.000 millones el año pasado, lo que deja al ejército chileno en una cómoda posición compradora.

Hoy, Piñera trabaja para cumplir una promesa de campaña de derogar la ley actual, que asigna fondos importantes a los militares sin exigir transparencia o supervisión del Congreso a los gastos. De hecho, la Ley del Cobre permite a las fuerzas armadas un virtual secreto en relación con el gasto en armas y equipo. Las administraciones anteriores también han intentado reformar la legislación controvertida, sin éxito. Piñera está pidiendo al Congreso aprobar lo que considera una reforma popular, no partidista.

Bajo los cambios propuestos, las compras de equipos de las fuerzas armadas quedarían determinadas por un presupuesto de cuatro años aprobado por el Congreso de conformidad con la Estrategia de Defensa y Seguridad Nacional del país, que establece objetivos militares por períodos de 12 años. Se crearía también un nuevo Fondo de Contingencia Estratégica, que podría aprovechar reservas que queden de la Ley de Cobre a fin de asegurar que las fuerzas armadas de Chile tengan pleno respaldo en caso de catástrofes naturales o de otras emergencias imprevistas.

La propuesta de Piñera, apoyada por el ministro de Defensa de Chile, Andrés Allamand, difiere de la presentada por la ex presidenta Michelle Bachelet, que habría agrupado los fondos para las fuerzas armadas con todos los demás ítemes cubiertos por la Ley de Presupuesto General de la nación. Bajo la propuesta actual, el presupuesto de defensa y el presupuesto de adquisiciones se tratarán por separado en el Congreso debido a su importancia estratégica única.

Antes de que Chile se convirtiera en un miembro de la OCDE en 2010, la organización mencionaba defectos administrativos relacionados con la forma en que Chile financia sus fuerzas armadas. Por lo tanto, en 2009, el gobierno de Bachelet propuso un proyecto de ley para modificar el sistema de financiamiento de la defensa nacional. Ella no tuvo éxito en parte debido a temores entre los críticos que la empresa estatal de cobre sería vulnerable a la privatización si se revocaba la obligación financiera a las fuerzas armadas.

Pro y contra

Piñera argumenta que el proyecto de ley agregará más transparencia al presupuesto de los militares y adquisiciones, fortalecerá las relaciones civiles y militares a través de la participación y supervisión del Congreso y creará más estabilidad y visibilidad para las finanzas de las fuerzas armadas con un proceso de presupuesto multianual. Él ha reiterado a la prensa que no hay ninguna relación natural entre las necesidades de las fuerzas armadas y la cantidad de cobre producido por Codelco ni su precio en el mercado internacional. También ha dicho que un impuesto del 10% sobre las ventas brutas de cobre de Codelco "distorsiona" las operaciones del negocio.

No todos están de acuerdo en que la reforma es una buena idea. Incluso algunos legisladores de la coalición de Piñera se oponen a la medida, alegando que podría crear vulnerabilidades estratégicas para Chile dentro de la región.

Pero otros argumentan que el esquema de financiamiento militar ha estimulado una carrera armamentista en la región y absorbe fondos que podrían utilizarse para satisfacer las necesidades sociales. Christopher Sabatini, director senior de política en la Sociedad de las Américas en Nueva York, dice, "las compras chilenas de armas y equipos militares se han disparado a medida que el precio del cobre ha alcanzado nuevas cotas. Esto ha generado y alimentado la carrera armamentista que estamos viendo ahora en América Latina, en un barrio generalmente pacífico. Este presidente ha prometido eliminar la pobreza. Teniendo en cuenta las necesidades sociales en Chile, es muy difícil para cualquier persona defender esta bonanza para los militares, en especial cuando este gobierno está asediado por protestas sobre educación y salud".

Para los defensores de la modernización de la defensa chilena, sin embargo, existe preocupación por perder los abundantes fondos que las ventas de cobre ofrecen hoy en día. "Lo importante es que las fuerzas armadas reciban los recursos necesarios", dice el coronel Arturo Contreras, profesor de relaciones internacionales en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile en Santiago. "Es como decidir detener el pago de un plan de seguro. Es arriesgado y podemos pagar un precio más adelante", dice.

Protestas de trabajadores

Pese a las garantías de Piñera en contrario, los líderes sindicales en la industria minera temen que la reforma de la Ley del Cobre, junto con la recién anunciada reestructuración corporativa, prepare a Codelco para la privatización. Corno consecuencia, iniciaron una serie de huelgas en julio, una de los cuales paralizó a Codelco por 24 horas. Esto es significativo, considerando que la última gran huelga tuvo lugar hace casi 20 años y duró menos de una hora.

Ahora existe la posibilidad lejana que los conflictos laborales afecten la aprobación del proyecto de ley mientras la popularidad y el capital político de Piñera menguan. La mayoría de los especialistas, incluso aquellos en contra de la abolición total de la ley, concuerdan en que la Ley del Cobre tal como está debería modificarse para crear mayor transparencia. Todavía está por verse, sin embargo, si el Presidente, con un nivel de aprobación de 26% según el último sondeo del Centro de Estudios Públicos— tendrá éxito donde sus predecesores fallaron. Enfrentado a las protestas estudiantiles por la reforma de la educación y las demandas públicas de mejorar la salud, seguramente podría plantear la necesidad de desviar estos fondos hacia la solución de los problemas sociales.

Al mismo tiempo, si tiene éxito y la ley se aprueba, habrá que hacer esfuerzos para asegurar que los militares de Chile obtengan el financiamiento que necesitan para seguir competitivos y relevantes en una región que vive una transformación militar y en un mundo cada vez más interconectado.

Recuadro :

Antes de que Chile se hiciera miembro de la OCDE, la organización mencionaba defectos administrativos relacionados con la forma en que Chile financia sus fuerzas armadas. (Diario Financiero)

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