Gobierno evalúa dos modelos para avanzar en una carretera eléctrica pública

Chile

Esperará informe de Comisión de Expertos para definir el mecanismo. Las opciones son: construir una red paralela a la actual o impulsar un concepto jurídico que se incorpore a futuras expansiones.

20 de Septiembre de 2011.- Dos modelos está evaluando el gobierno para implementar la llamada carretera eléctrica pública, iniciativa que el Presidente Piñera anunció en su mensaje del 21 de mayo, "para permitir a múltiples generadores, también a distribuidoras y consumidores, integrarse al Sistema Interconectado Nacional", según dijo en esa ocasión.

Pasados unos meses, y aunque todavía no define la estructura de la iniciativa, el Ministerio de Energía baraja dos caminos: desarrollar una solución física, adicional al actual tendido, o impulsar un concepto más bien jurídico, incorporado a la red eléctrica existente, explica el titular de la cartera, Rodrigo Alvarez. También, agrega, podría ser una solución mixta.

En el primer caso, se construiría un corredor ­de unos 100 metros de ancho­ entre Taltal y Puerto Montt, por donde iría una línea. Esta sería de corriente alterna, para permitir a otros proyectos conectarse a ella en puntos intermedios al trayecto. La nueva red se levantaría en forma paralela al actual sistema troncal de transmisión del Sistema Interconectado Central, SIC, de 2.200 kilómetros de largo, que atiende al 94% de la población.

La alternativa dos supone propiciar un concepto jurídico de carretera pública, que no considera construir una red adicional e independiente de la actual. Más bien apunta a incorporar la noción de carretera pública en la expansión futura del sistema de transmisión, abarcando no sólo la ampliación del sistema troncal, sino, además, las líneas transversales (subtransmisión).

En ambas opciones, eso sí, habría un elemento común: el rol del Estado para hacer más expedita la obtención de permisos, similar al que se usa hoy en las obras viales operadas por privados. En este caso, el Estado tramitaría las concesiones eléctricas, definiría las franjas de servidumbre y expropiaría los terrenos. Luego, licitaría las obras de transmisión.

Eso permitiría despejar una de las mayores dificultades que hay en la actualidad: los excesivos plazos de construcción de líneas nuevas. Eso ocurrió con la línea Charrúa­Cautín, que debía construirse en 37 meses, pero se entregó en 56 meses. La línea El Rodeo­Chena, en tanto empresa, fue planificada para 30 meses, pero se extendió por 49. ¿La razón? La difícil negociación de las empresas transmisoras con la comunidad para obtener el paso de las servidumbres y las concesiones eléctricas.

Para el gobierno, la nueva carretera eléctrica, cualquiera sea el esquema que tenga, se traducirá en una considerable ganancia de tiempo. "Licitar las obras teniendo ya los permisos clave permitiría que la construcción de los proyectos, tanto de generación como de transmisión, puedan adelantarse en, al menos dos años, respecto de los plazos de hoy", asegura el ministro Alvarez.

Reducir los tiempos para contar antes con las líneas de transmisión, explica, también posibilitará que las centrales que se construyen puedan conectarse en el momento oportuno al sistema eléctrico. Lo anterior genera tres efectos positivos: atender en mejores condiciones la demanda eléctrica, evitar congestiones en el transporte de la energía y reducir los costos de operación. "En esas condiciones, el sistema estaría mejor preparado para enfrentar contingencias o eventos inesperados", asegura Alvarez.

El tendido es clave para transportar la energía a los centros de consumo, considerando que el país requiere duplicar el parque generador en 10 años. En evaluación ambiental hay unos 10.000 MW que necesitarán nuevas líneas para conectarse al sistema.

Por eso, el gobierno y el sector privado coinciden en que es urgente ampliar la capacidad. Sobre todo, reforzar la conexión entre Copiapó y Santiago, porque los proyectos que se planean instalar en esa zona van a tener restricciones en transmisión. Otros puntos débiles son los tramos de Talca a Concepción y de Temuco a Puerto Montt. "Si no se amplía la capacidad no se podrá agregar nueva oferta", cree Hugh Rudnick, académico UC.

El tema requiere premura, advierte el experto, porque el sistema de transmisión actual se saturaría a partir de 2014. "Podría experimentar cuellos de botella o fallas en la confiabilidad, porque la capacidad del sistema no sería suficiente para responder al crecimiento esperado que tendrá la demanda eléctrica", afirma.

Recientemente, el CDEC­SIC, organismo privado que coordina la operación del sistema, convocó a licitaciones de transmisión por US$ 900 millones. Pero las empresas transmisoras consideran que esas obras son insuficientes y que se requieren US$ 1.000 millones adicionales para ampliar, con criterios de seguridad y confiabilidad, la capacidad de las líneas.

Energía se puso un plazo: en el último trimestre de este año definirá el modelo de la carretera eléctrica pública. Para eso formó un equipo especial que estudia las alternativas viables para dar forma al anuncio presidencial.

En paralelo, encomendó igual análisis a la Comisión para el Desarrollo Eléctrico, que integran 15 expertos y preside Juan Antonio Guzmán. La autoridad espera ese informe para fines de septiembre y entonces refrendará ambas conclusiones. Sobre la base de esos dos reportes, agrega Alvarez, "este año definiremos el modelo de carretera: si será una solución física, que implique construir una línea paralela al troncal, o una opción más conceptual jurídica".

El gobierno está consciente de que trabaja contrarreloj y que en la administración Piñera el proyecto logrará avances parciales. "No alcanzaremos a hacer todo, pero la idea es avanzar al máximo en este gobierno. Queremos generar todo el debate con los actores de la industria, expertos y parlamentarios, y definir la arquitectura legal de la carretera con una visión de largo plazo", indica. Otro tema, señala, es la ejecución. "La construcción de la carretera, el diseño de su trazado, la obtención de los permisos, las expropiaciones y licitaciones son definiciones que probablemente quedarán para después", admite la autoridad.

Del modelo que se elija dependerá también la intensidad del debate parlamentario y la velocidad con que avance la implementación de la carretera. Ello, porque algunas materias requerirán sólo cambios reglamentarios para su aplicación, pero otras necesitarán definiciones parlamentarias para modificar la ley, dicen en Energía.

Dos proyectos siguen con atención la definición que tomará el gobierno: HidroAysén, de Endesa y Colbún, y Energía Austral, de Xstrata. Actualmente, ambas trabajan en buscar sinergias para transportar la energía ­3.819 MW en conjunto­ desde la XI Región a Santiago y Puerto Montt, respectivamente, cuando los complejos estén operando. En las firmas aseguran que están buscando soluciones de transmisión independientes a la propuesta del gobierno. Pero, admiten fuentes consultadas, "cuando conozcamos el proyecto oficial evaluaremos la mejor opción para construir nuestro tendido. Si optamos por la carretera pública o por un trazado particular".

El tiempo es clave. HidroAysén tiene previsto presentar su Estudio de Impacto Ambiental de la línea en marzo del próximo año, según acaba de anunciar. Energía Austral lo hará el primer semestre de 2012. Esos plazos pueden variar, dependiendo de cuánto avance el gobierno en su definición.

La comisión de expertos, en tanto, continúa la discusión sobre la iniciativa. Si bien hasta ahora no hay una posición final, en el grupo se inclinan por aplicar un concepto jurídico de carretera, asociado al desarrollo de la actual red. "Tener un sistema de transmisión más robusto no implica, necesariamente, construir una megacarretera", dice un integrante.

En materia de planificación, trabajan en tres ejes: que el sistema de transmisión tenga la capacidad suficiente para anticipar el crecimiento de la demanda; hacer más expedita la obtención de concesiones y servidumbres, y que la red eléctrica sea capaz de facilitar la conexión de proyectos menores y de energías renovables no convencionales para favorecer la competencia en el mercado. Un área donde hay consenso es que el Estado no financiará la expansión de la carretera y sólo facilitará su construcción. El costo debería ser asumido por los usuarios del sistema que la utilicen.

El efecto en tarifas sería leve, según Rudnick, quien calcula que si se construye una carretera paralela de Taltal a Chiloé, de 2.000 kilómetros, ésta tendría un costo de inversión de US$ 730 mil por kilómetro. El valor adicional que debería asumir el cliente regulado (residencial) "sería de 2%, que podría compensarse si la carretera incorpora mayor oferta de energía eficiente, al sumar nuevos proyectos de generación", indica.

El concepto de un Estado "facilitador" en la tramitación ambiental, en la obtención de concesiones y de servidumbres no es nuevo. Similar modelo se aplicó en EEUU. En 2005 ese país autorizó al Departamento de Energía para designar regiones geográficas como "corredores de transmisión eléctrica de interés nacional", para facilitar la construcción de nuevas líneas, un esquema similar al implementado en Inglaterra, recuerda Rudnick (LT).

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