Minería en Mendoza, un debate inconcluso

Argentina

2 de Septiembre de 2011.- En Mendoza se han desarrollado simultáneamente dos procesos muy relevantes para su futuro inmediato, mediato y a largo plazo. Estamos hablando del proceso electoral que culmina el 23 de octubre y la posibilidad de la instalación de la minería a partir del modelo San Jorge. Al cruzarse los andariveles de ambos temas pasó lo que no debió suceder.

A partir de los hechos consumados ha quedado demostrado que esa posibilidad no existía, pues un tema con tantas aristas y con actores asumiendo posiciones antagónicas y en ciertos casos rayanas con posiciones comparables al fanatismo religioso, han hecho fracasar una decisión que puede terminar transformando las posibilidades económicas de la provincia, y que cualquier candidato a Gobernador en vísperas de elecciones, no puede aferrarse a la misma como única alternativa de triunfo o derrota electoral, cuando los términos de la campaña abandona todo marco de razonabilidad.

Así las cosas, es imprescindible retomar en otro contexto la discusión sobre la explotación de la minería en nuestra provincia.

Desde esa perspectiva, siento la necesidad de plantear una rediscusión sobre el tema.
Desde el derecho entiendo, que es imprescindible comenzar éste debate desde el principio de razonabilidad, el cual nos permite plantear que los derechos establecidos por la constitución nacional son relativos, nunca absolutos y que las leyes que los reglamentan pueden dar lugar a restricciones, sobre todo en circunstancias excepcionales o de crisis, por razones de orden público superior, pero no pueden ni por esa razón, los derechos ser destruidos o aniquilados, sino solo mermados en forma prudente o razonable. En segundo lugar abordar el tema desde la seguridad jurídica, inexcusable en un Estado que debe velar por su calidad institucional.
Es por ello que en éste caso se debe conciliar el poder de los ciudadanos y de las ONG ambientalistas a defender su derecho al agua y a la conservación del medio ambiente, con el derecho del estado a explotar los recursos naturales.

En un debate con posiciones tan irreductiblemente refractarias, es necesario generar una transformación del clima en dónde se desarrolla ésa controversia. Si la posición de los antagonistas parte de preconceptos como “no se puede instalar la minería porque el estado no controla o no puede controlar”, o “la megaminería se traslada de los países centrales a los países periféricos, porque es expulsada por sus costos ambientales”, es imposible comenzar un debate que concrete una síntesis beneficiosa para la sociedad en su conjunto.

En cuanto a la actividad de control del estado, quiero decir que nuestra provincia posee una calidad institucional que supera largamente la calidad media de nuestra nación. Sin desmerecer al resto de los estados provinciales debo decir que los órganos de control, la participación ciudadana, la actividad de los partidos de la oposición, y los medios de comunicación de la provincia, han dado prueba de su integridad e imparcialidad, al momento del tratamiento de cualquier tema ríspido y polémico.

Reconozco sin embrago que es imprescindible que nuestras instituciones den un salto de calidad y sean aún más creíbles, no sólo en sus procederes durante el desarrollo de las normas que le otorguen las habilitaciones a los proyectos mineros, sino en el devenir de los mismos. Si el estado hoy no otorga garantías a los ciudadanos, debe trabajar para mejorar esa faceta y mostrar casos exitosos en la tarea de control, tal cual ocurre y pongo de ejemplo, la explotación petrolera en el área de la Laguna de Llancanelo, dónde desde una ONG ambientalista, la participación del Poder Judicial con limitaciones a la explotación y a la incorporación de nuevas tecnologías, y al control permanente del estado provincial, el medio ambiente y la producción petrolera pudo ser compatible.

Si tomamos como ejemplos países centrales y altamente desarrollados como Canadá o los Estados Unidos de Norteamérica, podemos encontrar innumerables casos de estados que no sólo no expulsan su minería sino por el contrario la promueven pero también la controlan.

Podemos citar normas como la denominada Ley de Moratoria Minera (estatuto 293.50) de Wisconsin, de abril de 1998, en un estado norteamericano tradicionalmente minero. Para solicitar una licencia ambiental, una empresa minera debe presentar un ejemplo, en Estados Unidos o Canadá, de una mina similar a la que se quiere instalar que no provoque graves daños ambientales en diez años de explotación y que no siga contaminando diez años después de cerrada. La ley incluye criterios específicos que se tienen que cumplir para que se tome en cuenta el sitio —o los sitios—, ofrecido como ejemplo.

El Informe Brundtland de la Comisión Mundial del Ambiente y Desarrollo (Naciones Unidas, 1987, p. 43) define desarrollo sustentable como “lograr las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para lograr sus propias necesidades”. En forma similar el organismo de Recursos Naturales de Canadá (2001) “ve en el desarrollo sustentable , la integración de consideraciones ambientales, económicas y sociales, como la clave para asegurar el mantenimiento de la calidad de vida y continuación de la creación de empleo, sin comprometer la integridad del ambiente natural o la habilidad de generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades”.

El organismo de Recursos Naturales de Canadá (2001) va más allá señalando que “los recursos naturales son el epítome del desafío del desarrollo sustentable. Pocos sectores tienen un impacto más directo en el ambiente natural, pero pocos son más importantes para el desarrollo económico y social de cada región de Canadá”. ­ “Sustainable Development and the Mineral Industry” de Jeremy Richards , Profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra y Atmosféricas de la Universidad de Alberta, Canadá, T6G 2E3, publicado en el SEG Newsletter, Society of Economic Geologists, Nº 48, Enero 2002.

Numerosos son los mendocinos que durante éste debate se han expresado en el mismo sentido que me inspira. Muchos se pronuncian en un sentido contrario. Lo que resulta inadmisible es que las Cámaras Legislativas que representan al conjunto de los mendocinos, no puedan pronunciarse con la serenidad­y seriedad­ del caso por urgencias y bravuconadas electorales.
Apelo entonces, que desde la racionalidad y el equilibrio ­que las pasiones destierran­ que han hecho de nuestra provincia tierra de progreso, se debata con profundidad el tema, con el fin de no eliminar definitivamente la posibilidad de contar con una industria, que puede acercarnos otras posibilidades de desarrollo social y económico(www.mdzol.com).

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